Lo que importa no es el tamaño del PIB privado, sino la forma en que se calcula ...

Por Franklin Serrano
Prof. de UFRJ

Supongamos que queremos saber en un año dado cuánto de lo que se produjo en la economía fue demandado por el gobierno y cuánto por el sector privado. Es decir, cuáles fueron las contribuciones relativas del gobierno y el sector privado a la demanda final agregada de lo que se produjo aquí. Visto desde esta perspectiva de demanda, lo que queremos saber es quién compró qué parte del producto de la economía total y no quién lo produjo.

Una primera dificultad conceptual aquí sería dónde ubicar las empresas estatales que, por un lado, están controladas por el gobierno (accionista único o mayoritario), por otro, producen bienes y servicios que son pagados por la población. Para algunos propósitos, puede ser útil agregar compañías estatales al resto del sector público para otros, sería mejor mantenerlas en el "sector privado" en el sentido del sector que no produce bienes públicos.

Si no incluimos las empresas estatales en el "gobierno", el conjunto de la inversión pública, que representa la compra de nuevos bienes de capital del gobierno, se referiría solo a la administración pública, el gobierno propiamente dicho. Si incluimos las empresas estatales, también debemos incluir en las estimaciones de inversión (formación bruta de capital fijo) algún indicador de las inversiones de las empresas estatales.

Pero supongamos que se tomó alguna decisión al respecto y se llegó a una estimación de "inversión pública" que puede deducirse de la inversión total (FBKF) de las Cuentas Nacionales. A primera vista, puede parecer que en este caso, desde la perspectiva de la demanda, es suficiente agregar el consumo y la inversión del gobierno para ver qué parte de la demanda final agregada fue "comprada" por el sector público (independientemente de si el gobierno compró bienes privados o públicos). Una vez hecho esto, la demanda final privada parece obtenerse como el PIB agregado total (igual a la demanda final agregada) menos el gasto gubernamental total.

Pero aquí hay un problema conceptual que rara vez se menciona en la literatura. Nuestra pregunta es quién compró cuánto de los bienes y servicios públicos y privados que se produjeron en Brasil en el período, que corresponde al PIB. El problema es que, por un lado, tanto el sector privado como el público también compran productos importados. Por otro lado, el resto del mundo también compra productos producidos aquí, lo que corresponde (al contenido interno de) nuestras exportaciones. Los gastos totales tanto del gobierno como del sector privado (en Brasil, incluidas las empresas extranjeras que operan aquí) y los del resto del mundo (nuestras exportaciones) incluyen la parte importada (ya sea de insumos o bienes finales). Si el SUS (Sistema Único de Salud) importa nuevos medicamentos que no se producen aquí o el gobierno compra un avión militar importado, el gasto del gobierno ha aumentado, pero no las compras del gobierno de productos nacionales. El gasto total del sector público y privado más las exportaciones constituyen la demanda agregada. Y el producto interno más las importaciones totales constituyen la oferta agregada. 

Dado esto, no se recomienda utilizar el concepto de contribución de un determinado tipo de gasto al PIB que es calculado por organismos estadísticos como el BEA estadounidense y el IBGE en Brasil. En estas "contribuciones", por ejemplo, un aumento en el consumo privado, incluso si se gasta por completo en productos importados, aparece como una contribución de la demanda de consumo final al producto (PIB). Obviamente, la cuenta solo se cierra sin error porque al mismo tiempo aparecería una contribución igual y con el signo opuesto de las importaciones para el producto, y, por supuesto, al final no ocurriría nada con la demanda del producto producido en Brasil (el PIB). Entonces, si realmente queremos saber cuánto compró el sector público y privado del producto interno, entonces tenemos que deducir de su gasto público y privado total su contenido importado. Es fácil hacer esto de una manera muy aproximada solo con Cuentas Nacionales suponiendo que el contenido importado o la proporción de todos los gastos son los mismos (ver Serrano (2008) y Summa, Lara y Serrano (2017)). 

Sin embargo, esta estimación, aunque más útil y menos engañosa que el uso de "contribuciones de gasto al PIB", es una aproximación que todavía es bastante grosera, ya que está claro que el gasto público tiende a tener menos contenido importado y que incluso dentro del gasto del sector privado, el contenido interno del gasto es bastante diferente. Por ejemplo, la inversión privada en general tiene un contenido de importación mucho mayor que el consumo. La mejor manera, entonces, de medir correctamente las contribuciones directas del sector público y privado a la demanda del producto producido en el país sería con el uso de matrices de insumo producto que identifiquen correctamente el contenido importado de los diversos tipos de gastos en la demanda final (durante años el profesor Fabio Freitas y su equipo realizan descomposiciones de este tipo en IE-UFRJ). Pero tenga en cuenta que, como estamos hablando de la participación en la demanda del producto y no en la producción, incluso estos cálculos más adecuados (y mucho más complejos) nunca podrían llamarse PIB privado y PIB público porque estamos midiendo lo que compraron estos sectores y no lo que produjeron.

Sin embargo, incluso si obtuviéramos estas estimaciones más completas y precisas y llegamos a la participación de los sectores público y privado en la demanda de lo que se produjo en el país, todavía estaríamos subestimando la influencia de los gastos del sector público en un sentido amplio para la demanda del producto interno del país. Porque estaríamos ignorando dos elementos importantes de la influencia indirecta del sector público en la demanda agregada de la economía.

El primer componente indirecto que estaríamos descuidando son las grandes transferencias gubernamentales en los programas sociales y de pensiones (y también los pagos financieros de los pagos de intereses de la deuda pública, aunque estos se evitan en gran medida teniendo poco impacto en la demanda de los hogares) que proporcionan ingresos disponibles para que quienes los reciben y, en la medida en que se gastan, aumenten lo que se considera consumo por parte del sector "privado".

Además, existe una demanda privada inducida por el gasto público en ambos consumos, porque si el gobierno compra bienes producidos por el sector privado, sus productores pagan salarios para producirlos y el consumo adicional derivado de esta nómina tiene el efecto multiplicador tradicional keynesiano-kaleckiano. Además, existe una fuerte evidencia de que cualquier expansión más sistemática de los componentes de la demanda final al menos hace que la inversión de las empresas privadas crezca en conjunto para ajustar el crecimiento de la capacidad productiva a la expansión de la demanda. La suma del efecto de consumo inducido y la inversión inducida se conoce como el efecto supermultiplicador. 

Aquí, el simple hecho de que el contenido importado es diferente entre los diferentes tipos de agregados de gasto y, en general, el gasto público en general, que tiene un contenido interno más grande, también muestra que, con respecto a este segundo tipo de efectos indirectos, los gastos del sector público en la demanda del producto de la economía tiene un mayor impacto que los gastos autónomos del sector privado, como el consumo financiado con crédito y la inversión residencial (sin mencionar el efecto del crédito de los bancos públicos en el gasto privado).

Por lo tanto, observando el lado de la demanda, podemos concluir que: 1) la separación adecuada de las contribuciones del gasto del sector público y privado en las compras del producto interno de la economía está lejos de ser trivial; 2) el gasto, las transferencias y el crédito del sector público tienen muchos efectos indirectos sobre el gasto del sector privado y, por lo tanto, estas contribuciones no son realmente independientes (un buen ejemplo es un aumento en el consumo de bienes y servicios nacionales que se produce cuando el gobierno libera parte del FGTS para familias, que es un tipo de transferencia del sector público al privado) debido a los efectos indirectos enumerados anteriormente 3) en cualquier caso, no tendría sentido llamar a estas contribuciones a la demanda "PIB público" y " PIB privado ”, porque en el lado de la producción (PIB) lo que importa es quién lo produjo y no quién compró lo que se produjo.

Pero supongamos que, dado que el objetivo sería discutir las contribuciones al PIB de los sectores público y privado, nos preocupa una pregunta completamente diferente, pensando en el lado de la oferta. Supongamos que queremos saber cuánto fue producido por el sector privado y cuánto por el sector público, en otras palabras, cuánto de lo que se produjo fue un aumento en la oferta de bienes privados y cuánto fue de bienes públicos proporcionados por el gobierno a la población.

Suponiendo para simplificar, que elegimos, de la misma manera que antes para el análisis del lado de la demanda, separar la oferta de bienes públicos propiamente dicha de todos los demás bienes y servicios "privados", entonces es muy fácil calcular, desde esta perspectiva de oferta, lo que sería el "PIB privado". Basta deducir del PIB total el valor agregado del sector gubernamental (excluyendo las empresas estatales). Este valor agregado del sector gubernamental sería el "PIB del sector público" y se calcula utilizando el consumo agregado del gobierno menos el denominado consumo intermedio del gobierno. Este consumo intermedio mide los bienes y servicios que el Gobierno utiliza como "insumos" para "producir" el flujo de nuevos suministros de "bienes públicos", que son principalmente servicios (educación, salud, seguridad pública, etc.) que, Como no se venden al público, son financiados convencionalmente por la nómina del sector público. En otras palabras, este es un sector cuyo valor agregado solo tiene salarios y no tiene un excedente de ganancias, ingresos, etc.

En este caso, si el "PIB del sector privado" creció y el "PIB del sector público" disminuyó en este sentido de la oferta en un cierto período, entonces lo que está sucediendo es una reducción no solo relativa, sino también en la oferta de bienes públicos como educación, salud y seguridad.

Se obtienen los cálculos recientes del gobierno de lo que sería la evolución de lo que ellos llaman "PIB público y privado" simplemente deduciendo los gastos de consumo y la inversión del sector público del PIB total (excluyendo las empresas estatales) y llamándolo PIB privado. No está ni cerca de ser una estimación correcta de cuál sería la participación del sector público en la oferta interna de bienes y servicios totales. Incluye inversión pública y consumo intermedio del gobierno, que son compras (demanda) de bienes del sector privado nacional e importaciones. Al mismo tiempo, está lejos de ser una medida adecuada de la participación del sector público en la generación de demanda del producto interno de la economía. Es una mezcla incoherente de elementos desde la perspectiva de la demanda con una interpretación de los resultados como si se hiciera en el lado de la oferta. Tampoco es necesario criticar la supuesta teoría de la contracción fiscal expansiva que el gobierno dice que cree que podría ser por estos números sin mucho sentido. 

Si las estimaciones fueran más consistentes desde la perspectiva de la oferta, excluyendo lo que el gobierno compra al sector privado o las importaciones, el nivel del "PIB del sector público" ciertamente sería mucho más bajo de lo que el gobierno estimó y también del "PIB privado" bastante mayor, para alegría del gobierno. Pero, por otro lado, la tasa de crecimiento de estos agregados también sería muy diferente de lo que piensa el gobierno porque la inversión pública es muy volátil. Pero supongamos que el gobierno corrige sus cálculos y considera que, aun así, a pesar del bajo crecimiento del “Pibinho” total, el "PIB privado" creció más y el "PIB público" cayó.

El gobierno podría anunciar triunfalmente, sin la vergüenza de presentar al público estimaciones que no significan nada, que de hecho está reduciendo la oferta de servicios públicos a nuestros ciudadanos y contribuyentes, ya que esta es su propuesta. Durante la campaña electoral prometieron destruir nuestro estado y todo indica que están cumpliendo, incluso con sus cuentas equivocadas, que confunden la oferta con la demanda. Así que felicitaciones al gobierno y a todos aquellos que por sus acciones u omisiones lo ayudaron a ser elegido.

Original

El “populismo” y la restricción externa

  

Por Fabián Amico y Mariano de Miguel

En el análisis de las cuentas externas de Argentina y los resultados de su balanza de pagos, es habitual deducir de una proposición primaria contable, proposiciones secundarias que refieren a relaciones de comportamiento que adolecen de sustento lógico fuera de determinados supuestos que la evidencia no parece confirmar.

La proposición verdadera reza así. “Un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos expresa necesariamente un exceso del gasto sobre la producción interna”. Esta proposición es incontrovertible desde el punto de vista contable en la medida en que el gasto bruto interno es la suma de los gastos en consumo privado y público, la inversión y las exportaciones netas de importaciones. Si esta última resta es negativa, el gasto interno en consumo (privado y público) e inversión debe superar a la producción (efectiva) interna de bienes y servicios. Si suponemos, para simplificar, que la cuenta corriente de la balanza de pagos solo registra transacciones en la balanza comercial, el saldo negativo de esta última se corresponde con un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Pero de la anterior proposición suelen, como dijimos, derivarse otras a modo de corolario, sobre la base de los cuales se sacan conclusiones que validan interpretaciones controvertidas. Veamos esto un poco más de cerca.

Cuando existe un déficit en la balanza comercial, el gasto es mayor que el producto, esto es, el país gasta más de lo que produce. Por otro lado, cuando la balanza comercial es positiva (es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones), tenemos un exceso de producto sobre el gasto.

Sin embargo, de ello no se infiere, en ningún caso, que la economía esté operando en el nivel de pleno empleo de los “factores” y que, por ende, no pueda ampliar su producción. Lo único que indica aquel déficit externo es que la economía no logra generar todas las divisas que el crecimiento requiere.

Ello puede deberse a cuestiones estructurales vinculadas al comercio exterior, y no a un “exceso de gasto” sobre las posibilidades potenciales de producción domésticas. Es decir, la economía puede contar con abundantes recursos ociosos (muy bajos niveles de utilización de la capacidad productiva, alto desempleo) y aun así tener un déficit externo creciente. Dicho de otro modo, el déficit externo no es el resultado de la pretensión de “vivir por encima de los propios medios”.

En el supuesto de pleno empleo, el déficit externo se debe forzosamente a un exceso de gasto sobre la producción potencial interna. En esta hipótesis, el exceso de gasto puede deberse a que el consumo, la inversión o el gasto público (componentes internos) son muy altos en relación con el producto potencial. Paradójicamente, puede ocurrir que, si la economía está en pleno empleo, un exceso de gasto puede provenir del aumento de las exportaciones (ya que la economía no puede producir más).

Curiosamente, el diagnóstico habitual siempre asume que el “exceso” proviene del gasto público y el déficit fiscal, aun cuando la economía muestre claramente la existencia de abundantes recursos ociosos. El diagnóstico subraya además que existiría un “consumo excesivo”, es decir, insostenible, asociado a una política de sesgo populista. En particular, se supone que los gobiernos populistas, a los efectos de acumular poder electoral, y sin preocuparse por sentar las bases para el crecimiento de largo plazo, fomentan el consumo “artificialmente” mediante alzas “arbitrarias” de salarios, aumentos de las jubilaciones y transferencias sociales, apreciación cambiaria o subsidios a las tarifas. Estas políticas expanden la demanda de consumo, generando inflación y aumento de las importaciones. Luego, más inflación supone un tipo de cambio real más apreciado, lo que refuerza la tendencia al déficit externo.

En algún punto, sea por reversión de los términos de intercambio o porque los mercados internacionales de crédito racionan los préstamos, la “fiesta” no puede seguir financiándose y sobreviene el ineludible ajuste interno, que comienza necesariamente por el déficit fiscal y el gasto público. Así, en este enfoque se considera que una crisis de balanza de pagos es la manifestación de un exceso de gasto interno (usualmente fiscal), en línea con la hipótesis de los “déficits gemelos”. De modo que no existe realmente una restricción externa al crecimiento en este enfoque.

Sin embargo, si se suprime el supuesto de pleno empleo, todo el análisis previo cambia sustancialmente. El gasto interno (consumo, inversión y gasto público), aunque crezca en niveles bien por debajo del pleno empleo, puede generar un volumen de importaciones que resulte incompatible con la base exportadora del país.

En este caso, el país está viviendo por debajo (y no por encima) de sus posibilidades potenciales a causa de una escasez relativa de divisas. Basta con que los precios internacionales de (o la demanda por) sus exportaciones aumenten, para que el país reanude el proceso de crecimiento sin problemas, sencillamente porque ahora cuenta con más divisas.

En los hechos, se redujeron los déficits gemelos aumentando la subutilización de recursos, cada vez más lejos del pleno empleo, y sin perspectivas ciertas de comenzar alguna recuperación, todo lo que desenvuelve un escenario dramático e insostenible en el mediano plazo.

Por ello, es vital cambiar el diagnóstico y las políticas. El déficit externo (verdadera restricción) no expresa el sesgo populista de la política económica sino la dependencia tecnológica y comercial del país (su necesidad de importar crecientes cantidades de insumos y bienes de capital cuando crece) y el hecho obvio, pero crucial, de que no emite la moneda internacional de reserva.

Si se sigue considerando que el déficit externo es simplemente la manifestación de un desequilibrio doméstico (es decir, un “exceso de gasto” en una economía que fluctúa en torno al pleno empleo) la solución seguirá siendo la misma: dolorosa e inútil.

Si, por el contrario, el déficit externo es una restricción que comprime las posibilidades de crecimiento y fuerza a tener más desempleo y recursos ociosos, entonces el diagnóstico anterior no solo no resuelve el problema, sino que lo agudiza. El problema real es desplazar la restricción externa, en vez de adaptarse recesivamente a ella.

original

Reportaje a Fabián Amico sobre Macroeconomía de Cambiemos

Posteamos un reportaje a Fabián Amico, sobre la política económica del gobierno de Cambiemos y sus consecuencias macroeconómicas.

Radio Palermo Punto de Referencia: ACA

Interferencia política

 Por Claudio Scaletta

En este espacio ya es un tópico destacar que las relaciones causa-efecto de la economía existen y, como se trata de una ciencia, son predecibles. Lo menos científico, pero igualmente predecible, son las reacciones de los economistas del régimen; ese grupo heterogéneo de consultores riquísimos, parlanchines mediáticos y profesores de universidades de elite. Tras las primeras medidas del nuevo gobierno cualquier observador que contara, no con la bola de cristal o grandes talentos, sino con apenas un poco de buena teoría, estaba en condiciones de predecir que se desataría un proceso recesivo e inflacionario. Paso seguido y como sucede siempre, las recesiones impactan sobre el déficit fiscal por caída de la recaudación, dinámica que abre la posibilidad del círculo vicioso contractivo. Es una secuencia simple en la que se puede diferir en cuanto a las magnitudes, pero no en las transformaciones cualitativas.

El segundo punto predecible era que los voceros del mainstream ortodoxo, frente a los resultados de deterioro evidente sobre el nivel de vida de las mayorías, cargarían las culpas sobre “la interferencia de la política”. El proceder es conocido: en el mundo puro de los ajustes ortodoxos la reacción social es apenas una impureza. Quienes deben afrontar esta impureza son “los políticos”, tarea que normalmente afecta otra pureza, la del modelo de ajuste vía no ir a fondo con la reducción del gasto y la contracción monetaria. El problema también es simple: el límite del ajuste está dado por su sustentabilidad política, por el escollo de volver a ganar elecciones.

El pasado miércoles, en una conferencia realizada en la Universidad Di Tella con el sugestivo título de “La consistencia del plan económico de Cambiemos” las citadas predicciones de interferencia fueron llevadas a un máximo. Dado que se trata de la letra que se escuchará asiduamente en los próximos meses, vale la pena un breve repaso. Quien tenga tiempo puede ver la conferencia completa aquí: 

 una buena manera de acceder a la visión que el régimen tiene de sí mismo.

Los expositores fueron Miguel Ángel Broda, Javier González Fraga y José María Fanelli. Todos coincidieron en el diagnóstico de la pesada herencia, esa crisis en la que los argentinos vivían sin saberlo, bajo el rótulo constante y amenazante de “populismo”. Haberse librado del populismo ya sería un logro mayúsculo, pero la gran preocupación reside en la posibilidad de su regreso, en una corta primavera neoliberal, lo que lleva a la necesidad de abordar las inconsistencias macroeconómicas del nuevo gobierno, tarea de la que en la conferencia sólo se ocupó Broda, mientras que González Fraga optó por una encendida arenga política y Fanelli por el comentario general.

Yendo de lo menos a lo más interesante, González Fraga enfatizó en que, contra todas las apariencias, el hijo de Franco Macri “recontra” tiene un plan. “No lo subestimen”, reclamo, su objetivo ahora es ganar sí o sí en 2017, la clave de su continuidad. Para el ex presidente del Banco Central de Carlos Menem, la sumatoria de éxitos del primer semestre, como la devaluación del 40 por ciento que no fue del 150 o el pago sin mayor discusión a los buitres que inició la vuelta al mundo, junto a los “sinceramientos” tarifarios que tanto le cuesta asumir aun a los votantes de Cambiemos, fueron, a pesar de lo exitoso, la voluntad programada de acumular todas las malas noticias al comienzo de la administración. En esta línea consideró un error no haber transparentado la “pesada herencia” desde el minuto cero, pero dejó claro que él no era el político y quizá Macri sabía mejor que hacer. Lamentó también que todo ocurra en un contexto internacional desfavorable, especialmente por la contracción brasileña, lo que sumado a la “pérdida de competitividad cambiaria” lo hizo descartar una salida exportadora, un reconocimiento notable. A partir de ahora, explicó, todo el énfasis estará en contener a 15 millones de pobres, que situó 11 millones en el conurbano bonaerense y 4 millones en el Norte. La contención, dijo, no será posible vía mayores ingresos, para ello no hay tiempo, sinceró, sino con mejoras en las obras de infraestructura, las que de paso reactivarán la economía. Cuesta entender que modelo de crecimiento tiene en mente González Fraga, pero según él existen 50 mil millones de dólares de inversión esperando por entrar al país. Como dato de color llamó marxista y perverso al ex ministro Axel Kicillof.

Quien realmente habló de macroeconomía fue Broda. Si se limpia su presentación de todos los juicios de valor para concentrarse en los números se comprende la desazón que causó en parte del auditorio. Mostró que 2016 cerrará con una tremenda caída del PIB, cuya tasa anualizada ya alcanzó en el segundo trimestre 6 puntos, pero que quizá se morigeraría hasta un 2, y que si bien la inflación estaría en baja tras el shock tarifario, se encuentra en torno al 40 por ciento anual. En ambos casos, señaló, fue porque el gobierno subestimó los efectos de sus propias medidas. Pero la verdadera angustia vino por otro lado. No por las reiteradas descoordinaciones de los equipos de gobierno al no existir “un Cavallo o un Lavagna” que unifiquen acciones, sino porque la necesidad política de ganar elecciones llevó a expandir el gasto y a no tener una política monetaria lo suficientemente contractiva. Todo en un contexto en que la recesión provocada hizo caer ingresos, es decir: disparar el déficit. Lo más notable fueron las cuentas sobre los gastos que vienen, la devolución a las provincias del 15 por ciento de coparticipación sumará unos 60.000 millones, mientras que los efectos de la nueva ley ómnibus que, con modificaciones, ya obtuvo dictamen favorable en el Congreso, costará 13.200 millones (0,2 del PIB) este año y 83.400 (1,2 del PIB) el que viene, lo que llevará los gastos de la seguridad social al 12 por ciento del PIB, “igual que Francia”, dando lugar a “un problema de sostenibilidad fiscal de magnitud” que no podrá ser compensado por el blanqueo ni por la venta de las acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. El déficit fiscal proyectado por Broda fue de 7 puntos del Producto (“igual que Brasil si se suman 3 puntos más del cuasifiscal”). Finalmente, destacando sólo lo más importante, el nuevo modelo, incluso cuando se retome el crecimiento, allá lejos por 2017-2019, tendrá problemas para generar empleo.

Por todo esto Broda reconoció que aconseja a sus clientes internacionales invertir en Argentina, pero advirtiéndoles que “no se enamoren”. ¿Será porque el cuco populista esta a la vuelta de la esquina? No quedó claro, pero sí sus esperanzas en que el peronismo que venga tenga “otras caras”

Original: Pagina 12

El neoliberalismo como regreso de la economía vulgar

  

Posteamos un texto muy interesante y esclarecedor respecto al regreso de la economía vulgar en la academia y que permite una hegemonía que se está haciendo efectiva en la región en estos momentos. El autor es el profesor Franklin Serrano de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. El texto fue publicado en Revista Circus Nº 6.

  

Franklin Serrano

UFRJ - IE

Resumen:
Se me ha pedido que realice aquí una reflexión acerca de las razones teóricas y estructurales de la hegemonía cultural del neoliberalismo en las últimas décadas. Lo que sigue no es más que un esbozo en el que ofrezco notas preliminares con la esperanza de que el esquema de interpretación propuesto pueda ser de utilidad para separar los elementos teóricos de aquellos estructurales (o históricos) que integran el complejo tema en cuestión.

La economía es una ciencia empírica

La economía o economía política, como solía llamarse esta disciplina antes de la revolución marginalista de la década de 1870 (que diera luego origen a lo que hoy se conoce como economía “neoclásica”), es una ciencia empírica. Naturalmente, uno puede sentirse tentado a pensar lo contrario, dado el gran esfuerzo e importancia que la profesión le dispensa actualmente a ciertas ramas de la teoría matemática de la economía, que aparentemente tienen poca o ninguna relación –por no decir utilidad– con los análisis empíricos e incluso teóricos de los sistemas económicos reales que existen en la actualidad (o quizá hayan existido en el pasado). 

En la profesión hay un número considerable de nihilistas especialistas en teoría de los juegos que disfrutan con sus artilugios matemáticos. También hay teóricos del equilibrio general moderno –neoclásico– que suelen defenderse cuando se señala la esterilidad de sus trabajos, con cierto tipo de retórica relativista (con niveles variables de sofisticación). Con frecuencia, estos teóricos comparan el estudio de la economía con la matemática pura o la filosofía. Además, este tipo de trabajo ha ganado mucho prestigio en la profesión. Pero muchos de estos teóricos que parecen rechazar la dimensión empírica de la economía sólo están siendo cínicos 1.

Es muy difícil negar que la economía tiene un objeto empírico y que hay ciertas regularidades empíricas en el sistema económico que intentamos comprender. En este sentido, la economía tiene algo en común con ciencias como la meteorología o la sismología, que abordan sistemas muy complejos, por lo que es muy difícil que puedan realizar predicciones muy precisas. Sin embargo, estas ciencias son, en muchos casos, como la economía: herramientas útiles para comprender cómo funciona el mundo.

Economía científica versus economía vulgar

A pesar de la naturaleza empírica del objeto o tema de estudio, en los países capitalistas algunas teorías económicas son argumentos puramente ideológicos, cuya función es defender ciertos intereses materiales. Con frecuencia, sólo son una ‟teología‟ de las clases privilegiadas propietarias.

Podemos hacer referencia a la observación de Marx, abordada en profundidad en su teoría del excedente, según la cual mientras David Ricardo hizo “economía política científica” (basada de manera sistemática en el principio materialista clásico del excedente), otros economistas como Thomas Malthus y Jean Baptiste Say se dedicaron, fundamentalmente, a lo que Marx llamó “economía vulgar”. Es decir, una economía puramente ideológica; que carecía de solidez teórica y relevancia empírica. 

En economía siempre se debe hacer una cuidadosa distinción entre la evolución de los resultados de la labor científica y la sociología del conocimiento. Ciertas teorías y opiniones de calidad muy modesta pueden, con frecuencia, prevalecer por sobre otras teorías y opiniones que son más ricas y precisas, por razones ajenas a la ciencia, de carácter social o político. 

Esto no debería resultar sorprendente ya que la historia nos ha dado muchos ejemplos de cómo la difusión de ciertas ideas está determinada por fuerzas sociales. Todos conocen los problemas que Galileo tuvo con el Papa y los comprensibles temores que Darwin tuvo sobre el impacto que su teoría de la evolución tendría en la sociedad. Por supuesto, sería extremadamente difícil sostener que la reciente y continua controversia acerca de las posibles causas humanas del cambio climático –y sobre qué hacer al respecto– haya sido inmune a la existencia de estas fuerzas sociales. La ciencia, tanto en su vertiente social como en la exacta, es producto de un hombre que vive inmerso en la sociedad. No debería entonces sorprendernos que la difusión de ciertas teorías económicas no haya podido escapar a estas poderosas fuerzas sociales.

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Fallas teóricas

Se puede creer que la administración de la Alianza PRO es una plutocracia que busca favorecer a los sectores más acomodados de la población. Para quienes están ideológicamente en la vereda de enfrente las dudas son pocas. Basta con escuchar hasta el modo de hablar de los primeros funcionarios, sus descuidos excluyentes y racistas, ver las universidades de las que provienen o advertir el perpetuo sesgo de clase de quienes desconocen, por ejemplo, lo que significa para una familia quedarse sin ingresos. Sin embargo, estas cuestiones son ajenas al análisis económico. El gran problema de los economistas de la Alianza PRO no es su situación de clase o su falta de empatía con los sectores más postergados, sino que su teoría económica está mal y, en consecuencia, conducirán a una recesión segura y a una crisis posible. No es un dato nuevo ni una visión en la bola de cristal, ya lo hicieron en el pasado.

El padre de todos los errores es la creencia de que un gobierno “amistoso con los mercados”, que genere “un buen clima de negocios”, tendrá necesariamente respuestas positivas del poder económico. El segundo error, más teórico, es creer que basta con frenar la inflación, liberalizar el comercio y reducir impuestos y regulaciones para que “se liberen las fuerzas productivas” y la economía crezca de la mano de la explosión de la inversión. El tercero, igual de grave, es creer que si todos estos ajustes se hacen rápido se obtendrán resultados a velocidad similar. Quizá sea una obviedad decirlo, pero el buen hacedor de políticas económicas es el que puede predecir con claridad el comportamiento de los actores frente a las medidas implementadas. De nada vale el más sofisticado de los diseños, si luego los actores no responden según lo esperado.

En esta línea resulta de interés escuchar las pocas autocríticas que asoman sobre el mar de optimismo. Un columnista del diario La Nación, por ejemplo, se quejaba amargamente por “la irresponsabilidad” de los sectores exportadores y formadores de precios. La crítica hacia los primeros era porque no están liquidando los 400 millones de dólares diarios prometidos, sino bastante menos que la cuarta parte, especulando con nuevas devaluaciones. Hacia los segundos, porque a pesar del cambio de reglas económicas habían respondido con fuertes subas en casi todos los rubros, desde los insumos industriales a los medicamentos, pasando por todos los alimentos, incluyendo no sólo el componente de precios resultado de la quita de retenciones y los insumos importados, es decir, las subas lógicas, sino aprovechando la volada para todo lo demás. Los reproches no fueron sólo periodísticos, también estuvieron presentes en las reuniones entre el Gobierno y empresarios. Al parecer, ya no sería la “emisión descontrolada” la responsable de la inflación. Lo notable, hablando de predicciones, es que los “policymakers” PRO sigan creyendo genuinamente que exportadores y formadores de precios responderán, más allá de algún gesto coyuntural, a los pedidos de responsabilidad de los funcionarios. Al poder económico se lo gobierna con reglas.

Lo que sí parecen tener claro los nuevos funcionarios es que las subas de precios dependen del nivel de salarios (aunque crean que el mecanismo de transmisión sea la demanda y no los costos), por eso todas las energías y expectativas están puestas en las paritarias, donde se pretende negar el fuerte salto inflacionario desde el pasado noviembre y se juega con la fantasía de una inflación de entre el 20 y 25 por ciento para todo 2016. Según un relevamiento del CESO sobre los precios de los supermercados, sólo en enero, sin aumentos de tarifas, los aumentos rondaron el 4 por ciento, pero llegaron al 4,9 para la Canasta Básica Alimentaria (ver nota de tapa). Tras la magra oferta realizada en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, lindante con la falta de respeto a la dirigencia gremial, difícilmente los encuentros secretos entre Mauricio Macri y líderes cegetistas, incluidas las suculentas transferencias para las obras sociales sindicales, serán suficientes para contener a las bases. No debe olvidarse el fuerte impacto del nuevo tarifazo eléctrico. La Consultora Contexto cruzó los aumentos que comenzaron a regir este mes con los ingresos por deciles de la Encuesta Permante de Hogares y calculó la poda de poder adquisitivo para el 10 por ciento más pobre en un significativo 12,9 por ciento en el caso de los residentes de AMBA y del 6,9 para el resto del país. La diferencia se debe a que en el segundo caso todavía no se ajustó el cargo por distribución (VAD). Si se toma el promedio de los tres deciles más bajos, la poda es del 10,6 para el AMBA y del 5,6 para el resto. Estos números representan lo que va a caer el poder adquisitivo del 30 por ciento más pobre de la pirámide de ingresos solamente por la suba de tarifas eléctricas. El Gobierno sostiene que estos sectores serían compensados por la tarifa social, pero lo cierto es que son quienes proporcionalmente más consumen electricidad tanto por la falta de acceso al gas como por poseer electrodomésticos más viejos y difícilmente puedan mantener su consumo por debajo de la exigencia de los 150 Kilowatts hora, el tope a partir del cual rige la tarifa plena. No debe olvidarse, además, que para las pymes del AMBA la tarifa eléctrica aumentará alrededor del 550 por ciento. Y todavía faltan los ajustes en el gas y en el transporte público.

Inflación desatada, especialmente en alimentos, y tarifas que contribuirán a la poda del poder adquisitivo no parecen el mejor combo para paritarias tranquilas, el principal objetivo de un gobierno cuya teoría le indica que la baja inflación es el objetivo principal. Por ello el tercer componente es el miedo a perder el empleo. Según el Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos, los despidos de los primeros 50 días de gestión de la Alianza PRO suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir, 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que la desocupación creció del pesado 5,9 por ciento heredado al 6,3, un número todavía demasiado bajo para desempoderar, pero suficiente para volverse precavidos al momento de negociar.

Aunque todo ocurre a la velocidad de la luz y el pasado reciente parece lejano, vale recordar cómo cambió radicalmente el contenido de la discusión económica: de Impuesto a las Ganancias y superar restricción externa para seguir creciendo a caída del poder adquisitivo, recesión y desempleo. A la nueva administración le bastaron apenas dos meses para alterar todos los indicadores y justificar un ajuste. Es un verdadero éxito de legitimación que los economistas que siguen hablando de austeridad, siempre con tono de reproche moral, una suerte de monjes de la profesión, continúen siendo considerados “serios”. No lo son. Utilizan teorías erróneas, refutadas por la historia, o defienden a sabiendas los intereses del poder económico en desmedro del bienestar de las mayorías.

Original: Cash