El viejo Almacén. BsAs

Surplus Approach

“Es necesario volver a la economía política de los Fisiócratas, Smith, Ricardo y Marx. Y uno debe proceder en dos direcciones: i) purgar la teoría de todas las dificultades e incongruencias que los economistas clásicos (y Marx) no fueron capaces de superar, y, ii) seguir y desarrollar la relevante y verdadera teoría económica como se vino desarrollando desde “Petty, Cantillón, los Fisiócratas, Smith, Ricardo, Marx”. Este natural y consistente flujo de ideas ha sido repentinamente interrumpido y enterrado debajo de todo, invadido, sumergido y arrasado con la fuerza de una ola marina de economía marginal. Debe ser rescatada."
Luigi Pasinetti


ISSN 1853-0419

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7 mar 2020

Lo que importa no es el tamaño del PIB privado, sino la forma en que se calcula ...

Por Franklin Serrano
Prof. de UFRJ




Supongamos que queremos saber en un año dado cuánto de lo que se produjo en la economía fue demandado por el gobierno y cuánto por el sector privado. Es decir, cuáles fueron las contribuciones relativas del gobierno y el sector privado a la demanda final agregada de lo que se produjo aquí. Visto desde esta perspectiva de demanda, lo que queremos saber es quién compró qué parte del producto de la economía total y no quién lo produjo.

Una primera dificultad conceptual aquí sería dónde ubicar las empresas estatales que, por un lado, están controladas por el gobierno (accionista único o mayoritario), por otro, producen bienes y servicios que son pagados por la población. Para algunos propósitos, puede ser útil agregar compañías estatales al resto del sector público para otros, sería mejor mantenerlas en el "sector privado" en el sentido del sector que no produce bienes públicos.
Si no incluimos las empresas estatales en el "gobierno", el conjunto de la inversión pública, que representa la compra de nuevos bienes de capital del gobierno, se referiría solo a la administración pública, el gobierno propiamente dicho. Si incluimos las empresas estatales, también debemos incluir en las estimaciones de inversión (formación bruta de capital fijo) algún indicador de las inversiones de las empresas estatales.

Pero supongamos que se tomó alguna decisión al respecto y se llegó a una estimación de "inversión pública" que puede deducirse de la inversión total (FBKF) de las Cuentas Nacionales. A primera vista, puede parecer que en este caso, desde la perspectiva de la demanda, es suficiente agregar el consumo y la inversión del gobierno para ver qué parte de la demanda final agregada fue "comprada" por el sector público (independientemente de si el gobierno compró bienes privados o públicos). Una vez hecho esto, la demanda final privada parece obtenerse como el PIB agregado total (igual a la demanda final agregada) menos el gasto gubernamental total.

Pero aquí hay un problema conceptual que rara vez se menciona en la literatura. Nuestra pregunta es quién compró cuánto de los bienes y servicios públicos y privados que se produjeron en Brasil en el período, que corresponde al PIB. El problema es que, por un lado, tanto el sector privado como el público también compran productos importados. Por otro lado, el resto del mundo también compra productos producidos aquí, lo que corresponde (al contenido interno de) nuestras exportaciones. Los gastos totales tanto del gobierno como del sector privado (en Brasil, incluidas las empresas extranjeras que operan aquí) y los del resto del mundo (nuestras exportaciones) incluyen la parte importada (ya sea de insumos o bienes finales). Si el SUS (Sistema Único de Salud) importa nuevos medicamentos que no se producen aquí o el gobierno compra un avión militar importado, el gasto del gobierno ha aumentado, pero no las compras del gobierno de productos nacionales. El gasto total del sector público y privado más las exportaciones constituyen la demanda agregada. Y el producto interno más las importaciones totales constituyen la oferta agregada. 

Dado esto, no se recomienda utilizar el concepto de contribución de un determinado tipo de gasto al PIB que es calculado por organismos estadísticos como el BEA estadounidense y el IBGE en Brasil. En estas "contribuciones", por ejemplo, un aumento en el consumo privado, incluso si se gasta por completo en productos importados, aparece como una contribución de la demanda de consumo final al producto (PIB). Obviamente, la cuenta solo se cierra sin error porque al mismo tiempo aparecería una contribución igual y con el signo opuesto de las importaciones para el producto, y, por supuesto, al final no ocurriría nada con la demanda del producto producido en Brasil (el PIB). Entonces, si realmente queremos saber cuánto compró el sector público y privado del producto interno, entonces tenemos que deducir de su gasto público y privado total su contenido importado. Es fácil hacer esto de una manera muy aproximada solo con Cuentas Nacionales suponiendo que el contenido importado o la proporción de todos los gastos son los mismos (ver Serrano (2008) y Summa, Lara y Serrano (2017)). 

Sin embargo, esta estimación, aunque más útil y menos engañosa que el uso de "contribuciones de gasto al PIB", es una aproximación que todavía es bastante grosera, ya que está claro que el gasto público tiende a tener menos contenido importado y que incluso dentro del gasto del sector privado, el contenido interno del gasto es bastante diferente. Por ejemplo, la inversión privada en general tiene un contenido de importación mucho mayor que el consumo. La mejor manera, entonces, de medir correctamente las contribuciones directas del sector público y privado a la demanda del producto producido en el país sería con el uso de matrices de insumo producto que identifiquen correctamente el contenido importado de los diversos tipos de gastos en la demanda final (durante años el profesor Fabio Freitas y su equipo realizan descomposiciones de este tipo en IE-UFRJ). Pero tenga en cuenta que, como estamos hablando de la participación en la demanda del producto y no en la producción, incluso estos cálculos más adecuados (y mucho más complejos) nunca podrían llamarse PIB privado y PIB público porque estamos midiendo lo que compraron estos sectores y no lo que produjeron.
Sin embargo, incluso si obtuviéramos estas estimaciones más completas y precisas y llegamos a la participación de los sectores público y privado en la demanda de lo que se produjo en el país, todavía estaríamos subestimando la influencia de los gastos del sector público en un sentido amplio para la demanda del producto interno del país. Porque estaríamos ignorando dos elementos importantes de la influencia indirecta del sector público en la demanda agregada de la economía.

El primer componente indirecto que estaríamos descuidando son las grandes transferencias gubernamentales en los programas sociales y de pensiones (y también los pagos financieros de los pagos de intereses de la deuda pública, aunque estos se evitan en gran medida teniendo poco impacto en la demanda de los hogares) que proporcionan ingresos disponibles para que quienes los reciben y, en la medida en que se gastan, aumenten lo que se considera consumo por parte del sector "privado".
Además, existe una demanda privada inducida por el gasto público en ambos consumos, porque si el gobierno compra bienes producidos por el sector privado, sus productores pagan salarios para producirlos y el consumo adicional derivado de esta nómina tiene el efecto multiplicador tradicional keynesiano-kaleckiano. Además, existe una fuerte evidencia de que cualquier expansión más sistemática de los componentes de la demanda final al menos hace que la inversión de las empresas privadas crezca en conjunto para ajustar el crecimiento de la capacidad productiva a la expansión de la demanda. La suma del efecto de consumo inducido y la inversión inducida se conoce como el efecto supermultiplicador. 

Aquí, el simple hecho de que el contenido importado es diferente entre los diferentes tipos de agregados de gasto y, en general, el gasto público en general, que tiene un contenido interno más grande, también muestra que, con respecto a este segundo tipo de efectos indirectos, los gastos del sector público en la demanda del producto de la economía tiene un mayor impacto que los gastos autónomos del sector privado, como el consumo financiado con crédito y la inversión residencial (sin mencionar el efecto del crédito de los bancos públicos en el gasto privado).

Por lo tanto, observando el lado de la demanda, podemos concluir que: 1) la separación adecuada de las contribuciones del gasto del sector público y privado en las compras del producto interno de la economía está lejos de ser trivial; 2) el gasto, las transferencias y el crédito del sector público tienen muchos efectos indirectos sobre el gasto del sector privado y, por lo tanto, estas contribuciones no son realmente independientes (un buen ejemplo es un aumento en el consumo de bienes y servicios nacionales que se produce cuando el gobierno libera parte del FGTS para familias, que es un tipo de transferencia del sector público al privado) debido a los efectos indirectos enumerados anteriormente 3) en cualquier caso, no tendría sentido llamar a estas contribuciones a la demanda "PIB público" y " PIB privado ”, porque en el lado de la producción (PIB) lo que importa es quién lo produjo y no quién compró lo que se produjo.

Pero supongamos que, dado que el objetivo sería discutir las contribuciones al PIB de los sectores público y privado, nos preocupa una pregunta completamente diferente, pensando en el lado de la oferta. Supongamos que queremos saber cuánto fue producido por el sector privado y cuánto por el sector público, en otras palabras, cuánto de lo que se produjo fue un aumento en la oferta de bienes privados y cuánto fue de bienes públicos proporcionados por el gobierno a la población.

Suponiendo para simplificar, que elegimos, de la misma manera que antes para el análisis del lado de la demanda, separar la oferta de bienes públicos propiamente dicha de todos los demás bienes y servicios "privados", entonces es muy fácil calcular, desde esta perspectiva de oferta, lo que sería el "PIB privado". Basta deducir del PIB total el valor agregado del sector gubernamental (excluyendo las empresas estatales). Este valor agregado del sector gubernamental sería el "PIB del sector público" y se calcula utilizando el consumo agregado del gobierno menos el denominado consumo intermedio del gobierno. Este consumo intermedio mide los bienes y servicios que el Gobierno utiliza como "insumos" para "producir" el flujo de nuevos suministros de "bienes públicos", que son principalmente servicios (educación, salud, seguridad pública, etc.) que, Como no se venden al público, son financiados convencionalmente por la nómina del sector público. En otras palabras, este es un sector cuyo valor agregado solo tiene salarios y no tiene un excedente de ganancias, ingresos, etc.
En este caso, si el "PIB del sector privado" creció y el "PIB del sector público" disminuyó en este sentido de la oferta en un cierto período, entonces lo que está sucediendo es una reducción no solo relativa, sino también en la oferta de bienes públicos como educación, salud y seguridad.

Se obtienen los cálculos recientes del gobierno de lo que sería la evolución de lo que ellos llaman "PIB público y privado" simplemente deduciendo los gastos de consumo y la inversión del sector público del PIB total (excluyendo las empresas estatales) y llamándolo PIB privado. No está ni cerca de ser una estimación correcta de cuál sería la participación del sector público en la oferta interna de bienes y servicios totales. Incluye inversión pública y consumo intermedio del gobierno, que son compras (demanda) de bienes del sector privado nacional e importaciones. Al mismo tiempo, está lejos de ser una medida adecuada de la participación del sector público en la generación de demanda del producto interno de la economía. Es una mezcla incoherente de elementos desde la perspectiva de la demanda con una interpretación de los resultados como si se hiciera en el lado de la oferta. Tampoco es necesario criticar la supuesta teoría de la contracción fiscal expansiva que el gobierno dice que cree que podría ser por estos números sin mucho sentido. 

Si las estimaciones fueran más consistentes desde la perspectiva de la oferta, excluyendo lo que el gobierno compra al sector privado o las importaciones, el nivel del "PIB del sector público" ciertamente sería mucho más bajo de lo que el gobierno estimó y también del "PIB privado" bastante mayor, para alegría del gobierno. Pero, por otro lado, la tasa de crecimiento de estos agregados también sería muy diferente de lo que piensa el gobierno porque la inversión pública es muy volátil. Pero supongamos que el gobierno corrige sus cálculos y considera que, aun así, a pesar del bajo crecimiento del “Pibinho” total, el "PIB privado" creció más y el "PIB público" cayó.

El gobierno podría anunciar triunfalmente, sin la vergüenza de presentar al público estimaciones que no significan nada, que de hecho está reduciendo la oferta de servicios públicos a nuestros ciudadanos y contribuyentes, ya que esta es su propuesta. Durante la campaña electoral prometieron destruir nuestro estado y todo indica que están cumpliendo, incluso con sus cuentas equivocadas, que confunden la oferta con la demanda. Así que felicitaciones al gobierno y a todos aquellos que por sus acciones u omisiones lo ayudaron a ser elegido.





Original

13 ene 2020

SALIÓ EL NUMERO 7 DE REVISTA CIRCUS




En este nuevo número (re-lanzamiento) de Circus publicamos seis contribuciones muy  ligadas con la interpretación de los problemas actuales de política económica.

Primero, Serrano y Summa discuten las causas de la interrupción desde 2015 del proceso de crecimiento con inclusión social que se venía produciendo en Brasil. En el texto siguiente, Serrano y Garrido aclaran las relaciones teóricas entre inversión, demanda y rentabilidad.

Luego, Fiorito analiza la inflación bajo el gobierno de Macri, revelando el fracaso intelectual del monetarismo en Argentina. 


A continuación, Amico analiza la evolución macroeconómica entre 2015 y 2019 mostrando las razones que llevaron al colapso.

Vernengo y Pérez Caldentey discuten los límites de la Teoría Monetaria Moderna para países periféricos y, finalmente, Pinkusfeld y Aidar señalan los alcances y efectos de la política monetaria en Brasil.

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5 nov 2018

Descomposición y fascismo





En Brasil prevalecen condiciones comparables a aquellas que facilitaron el avance del fascismo durante la década de 1930. Siguiendo a Karl Polanyi en su Gran Transformación, el (neo)liberalismo se tradujo allí en un proceso de extrema privatización de la vida cotidiana, circunstancia que derivó en el desesperado llamado al orden y la disciplina en las últimas elecciones. Para Polanyi el sistema liberal colapsó en los años 30 por las características intrínsecas a la utopía liberal: la pretensión de que el mercado auto-regulado permitiría el bienestar colectivo. Para esta utopía la propia fuerza de trabajo y la naturaleza deberían reproducirse mediante relaciones de compraventa sin otra orientación que la ganancia. Pero la mercantilización lleva implícita una desagregación social contra la que permanentemente se oponen mecanismos de auto-protección: tanto en términos de organización social y productiva como a través de la reivindicación política por normas y derechos universales. El autor muestra cómo la desarticulación social provocada por el desmoronamiento del mercado generó como reacción el surgimiento de propuestas totalitarias. 

Desde 2013 la mayor parte de los brasileños sufren un colapso económico. Sus efectos se sintieron especialmente en el mercado de trabajo y en las condiciones de vida de los sectores populares. Desde 2014 a 2018 la desocupación abierta alcanzó 13 por ciento, mientras que entre la población ocupada el trabajo informal supera  40 por ciento. Recuérdese que desde 2017 el trabajo formal se encuadra en la nueva reforma laboral que precariza sus condiciones. Junto al colapso económico se deterioraron las instituciones políticas y el aparato estatal. Aunque el Estado de Derecho siempre fue una formalidad para pocos, en las periferias urbanas el espacio público fue privatizado por bandas de narcotraficantes y grupos para-militares: Durante 2017 se registró una tasa de 30,8 asesinatos cada 100 mil habitantes, unos 64 mil homicidios. El desamparo y la virtual desaparición del Estado facilitan la propagación de iglesias evangélicas como exclusivos lugares de socialización en territorios carentes de servicios públicos. Una vez que la izquierda abandonó el trabajo de base, notorio en los años 80, estas iglesias y sus redes de negocios se desempeñan como equivalentes a punteros de barrio de usos múltiples: imponen disciplina y autoregulación, dan contención espiritual, ayudan en la desesperada búsqueda de empleos. Y aunque puedan parecer objetivos contrapuestos, en forma simultánea promueven la familia patriarcal y la posmoderna ideología del emprendedorismo individual. 

Es en estas condiciones socioeconómicas donde debe pensarse el masivo apoyo al discurso de extrema-derecha. La restauración del orden, la disciplina y las jerarquias son hoy prioridad para la mayoría de los brasileños. “Brasil arriba de todos y Dios arriba de todo”, reza el lema y nombre oficial de la coalición electoral recientemente vencedora. ¿Las iglesias evangélicas y los movimientos políticos de extrema derecha son mecanismos de autoprotección de la sociedad en los términos de Karl Polanyi? Aunque en una escala simbólica efectivamente representan un urgente llamado al orden por encima de cualquier otro objetivo o valor, sean éstos los derechos humanos o la libertad de enseñanza, al promover políticas económicas neoliberales, como la privatización y los ajustes fiscales, y al santificar las prácticas individualistas del emprendedorismo en desmedro de la acción colectiva, agudizan la descomposición estatal y el desamparo social. De no revertirse estas tendencias, es más probable que Brasil se convierta en un Estado fallido a que devenga en un régimen fascista de tipo clásico sustentado en un Estado todopoderoso como aquellos que estremecieron al mundo en la década de 1930.

* Profesor de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Brasil.

** Profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Brasil, y la Universidad Nacional de Moreno (UNM), Argentina.


Original: Pagina 12

17 jul 2017

En descomposición


Por Eduardo Crespo  *

La economía brasileña parece haber caído en un pozo del que no podrá salir. De 2011 a 2014 sufrió el impacto simultáneo de tres shocks económicos: 1) las exportaciones se paralizaron en paralelo al estancamiento del comercio internacional; 2) el consumo tendió a paralizarse debido a la menguante creación de empleos y al elevado endeudamiento de las familias a tasas de interés altas; 3) el gobierno del PT decidió aplicar una estrategia de desaceleración del gasto estatal -principalmente de la inversión pública- unida a reducciones impositivas a favor de las empresas. A este cuadro se le sumaron, a partir de 2013, dos shocks de naturaleza política aún más relevantes y de consecuencias devastadoras: 4) a partir de algunos reclamos sectoriales y coincidiendo con la organización de la Copa de las Confederaciones, de modo súbito comenzaron a aflorar manifestaciones masivas en todo el país orientadas por reclamos confusos y contradictorios, proceso que polarizó a la tradicionalmente despolitizada sociedad brasileña; 5) meses después comenzó a desplegarse la publicitada ‘Operación Lava Jato’ que investiga esquemas de corrupción, lavado de dinero y propinas. Una bomba que terminó por fracturar a la coalición gobernante y paralizó a la principal empresa del país, Petrobras, arrastrando consigo a casi todas las constructoras, como Odebretch. Ambos embates tuvieron todos los rasgos distintivos de la denominada guerra ‘hibrida’ o ‘cibernética’, ya observados en las ‘revoluciones de colores’ de la periferia rusa y en la ‘primavera árabe’, con activa participación de redes sociales, medios de comunicación, ONGs y trolls, probablemente apoyados desde el exterior.

La gota que colmó el vaso la lanzó el flamante gobierno reelecto de Dilma Rousseff. En 2014 la economía brasileña se estancó, circunstancia que se sumó a la voluntaria renuncia de impuestos para provocar por primera vez, desde que gobernaba el PT, déficit fiscal primario. Como respuesta la presidenta optó por el programa que defendían los derrotados en las elecciones, el poder financiero y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP): nombro un gabinete ultra conservador y aplicó un severo ajuste fiscal. Las consecuencias fueron las previsibles: la economía se derrumbó, el desempleo se disparó y la popularidad de la presidenta cayó a niveles mínimos. 

Esas condiciones sentaron las bases para el golpe parlamentario que se venía tramando desde las elecciones. La coalición que se apoderó de la presidencia, liderada por Michel Temer, busca escapar a las detenciones ordenadas por el Lava Jato. Como moneda de cambio ofrece a bancos internacionales, empresas y medios de comunicación, una amplia y generosa revancha de clases. A esto responde la enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años (a excepción de los pagos de intereses de la deuda), la reforma laboral, la promesa de privatizaciones y la propuesta para cambiar el sistema jubilatorio. Como es costumbre, estas medidas se imponen con el argumento de que detrás vienen la confianza y la lluvia de inversiones. Pero como los actuales niveles de producción son 9 por ciento inferiores a los de 2014, la capacidad ociosa sigue siendo muy elevada. Si a esto se agrega que la economía entró en deflación abierta (-0,23 por ciento), es de prever que las inversiones tendrán que esperar por mucho tiempo. En el ínterin el desempleo pasó de 4,8 por ciento en 2014 a un alarmante 13,3 por ciento, circunstancia que impide se recupere el consumo y que está provocando una emergencia social de consecuencias imprevisibles en materia de violencia y crimen organizado. La exportación es el único componente de la demanda agregada que muestra algún dinamismo, aunque es improbable que por esta vía aparezca la recuperación, teniendo en cuenta que el valor agregado exportado es reducido y que el comercio internacional no está creciendo a tasas elevadas. 

Debe notarse que este escenario se montó sin crisis en la balanza de pagos ni riesgos de devaluación. Brasil acumula 378 mil millones de reservas y el déficit de cuenta corriente se redujo a niveles irrisorios. El futuro de Brasil y la integración sudamericana dependen de factores políticos difíciles de prever. De confirmarse la judicialización de la política que le impide a Luiz Inácio Lula da Silva –primerísimo en toda encuesta de opinión– competir por la presidencia, Brasil se convertirá en una democracia donde los ‘ciudadanos’ sólo podrán votar por los candidatos elegidos por el poder económico.

* UFRJ (Universidad Federal do Río de Janeiro) y UNM (Universidad Nacional de Moreno).

Original: Pagina 12

7 ene 2017

Brazil's Neoliberal U-Turn: Wishful Thinking in the Face of Class Antagonism



L. E. Melin and Franklin Serrano


Since reaching its zenith in 2010, the Brazilian economy has suffered a remarkable reversal of fortune. Despite official protestations to the contrary, however, Brazil's afflictions turned out to be of its own making, as it so often proves to be the case. The origins of the contraction of Brazilian GDP in 2015-2016 by nearly 7.5% can be traced back to the economic policies implemented during President Dilma Rousseff's first administration.[1] Between 2011 and 2014, Brazilian economic growth was halved, averaging only 2.1% annually, in comparison to 4.4% average in the 2004-2010 period.
But the slowdown of economic activity was only the first consequence of a series of policy changes promoted by the Workers’ Party (Partido dos Trabalhadores, PT) government under President Rousseff with the deliberate purpose of reducing the direct role of the state in the economy, although important social inclusion policies concerned with decreasing inequality remained in place during that period.
The chief objective of this policy change was to signal that the successful strategy pursued until 2010, in which the state played a central role directly promoting economic growth, would no longer be pursued. This strategy was implemented chiefly via the public sector (including state-owned companies and public banks), by stimulating aggregate demand and generating supply-side structural change through public investment.

Political Resistance from Business

This development policy enabled robust growth to be consistently achieved and allowed significant reductions in inequality to be promoted. However, the resulting changes both in the Brazilian social matrix and in labour-market relations generated growing political resistance from the country's financial and business communities. Even at the height of prosperity, large private media groups and economists associated with, or sponsored by, large private banks, were particularly vocal in expressing their discontent.
In an attempt to placate this mounting wave of criticism, President Rousseff and her party (with the public acquiescence of former President Lula da Silva) decided by the end of 2010 to endorse the view that the government was intervening “too much” in the economy.
Instead of acting as a primer for aggregate demand expansion, the government's economic role was shifted to one of slowing down the growth of domestic demand and providing incentives for private investment, in the shape of substantial and unconditional tax cuts to businesses, together with a (quickly reversed) reduction of interest rates, and a large exchange-rate devaluation. Unlike more traditional trickle-down theory, the rationale underlying this policy was that it would stimulate private business to lead economic growth, instead of following in the wake of public investment and social transfers, as had happened in the previous decade.
This policy shift initiated in 2011 proved ineffective and, as public-sector investment fell sharply, no corresponding increase in private investment and net exports materialized. The downward effects were compounded when unusually dry weather and mismanagement of the energy policy guidelines imposed on Eletrobras, the large state-owned electricity company, pushed the country close to a serious power shortage in 2014, despite the fact that demand was weak because domestic economic activity had been decelerating steadily for four years.
Instead of reverting to the successful policy trajectory of 2006-10 and seeking to improve long-term planning through better technological and infrastructure policies, the second Rousseff administration (inaugurated in January 2015) decided to double down on its market-led strategy. From the first day of its new term in office, the government fully committed itself to implementing the policies championed by the defeated conservative opposition during the recent 2014 election campaign.
In fact, President Rousseff's government went significantly further than that. Working in close concert with Brazil's redoubtable financial industry (the new Minister of Finance came into office straight from the Executive Board of the country's largest private bank), the PT-led government had put in place a more radical version of the austerity recipe favoured by many developed countries and multilateral institutions.
This neoliberal U-turn was translated into an unprecedented combination of public spending cuts, consecutive interest-rate hikes, an array of credit-inhibiting measures, and large increases in utility prices. By deploying simultaneously every available policy tool that can decelerate economic activity, while allowing a substantial exchange-rate devaluation to occur, Brazilian authorities created a perfect storm of austerity that plunged the country in what was to become the biggest recession in its history, with a net loss of 1.6 million formal jobs in 2015 alone.

Blaming International Conditions

Given that five years of continually deteriorating, and ultimately collapsing, macroeconomic figures – including eight consecutive quarters of falling investment – cannot easily be swept under the carpet when it comes to an economy the size of Brazil's, the official line of the PT-led government was one of explaining away the negative results of deliberate economic policy choices by blaming adverse international conditions.
However, changes in external economic conditions, such as trends and composition of the balance of trade, or the availability of external finance have had very little direct impact on the overall performance of the Brazilian economy over the past five years.
Brazil's exports grew only feebly between 2011 and 2014 (1.6% on average), primarily as a result of much weaker world trade, combined with a sharp fall in commodity prices. However, this underwhelming performance had a virtually negligible direct effect on aggregate demand, once the small relative weight of exports in Brazilian GDP (of around 11%), as well as the very high import coefficient of many key Brazilian exports, are taken in account.
More relevantly, Brazil has not faced even the remote threat of a balance-of-payments crisis at any point of its trajectory from economic deceleration to stagnation to collapse. Foreign debt has remained at historically low levels (under 16% of GDP) from 2010 to 2014, being even lower than that by July 2015, while international reserves stood at historical peak levels throughout the period and, at $370-billion (U.S.), currently amount to nothing less than 20% of GDP.
Despite this solid balance-of-payments position, the threat of Brazil's sovereign credit rating being downgraded by private international agencies (which finally came to pass on March 2015) was repeatedly invoked as one of the main arguments used by financial market economists and Brazilian government officials alike to justify even deeper spending cuts and ever wider austerity measures being implemented domestically. Thus a contrived conflation between domestic public debt denominated in local currency and the country's foreign liabilities in hard currency (both private and public) was introduced at the heart of the Brazilian economic debate and presented as a crucial linchpin for preventive, and subsequently, corrective contractionary policies.
This rhetorical artifice was taken even further when Standard & Poor's textually reaffirmed Brazil's strong foreign-exchange position in the body of the very same document that announced that the country's foreign currency ratings were being stripped of investment-grade status, in early September 2015.[2] The rating agency justified placing Brazil below investment grade because of its “fiscal performance” and of the “rise of net general government debt.” The report goes on to mention Brazil's “low external financing needs” and “its high level of international reserves.”
From a macroeconomic standpoint this raises more questions than it answers since it is by definition impossible for any government to be compelled to default on internal debt denominated in its own currency. In any country where the Central Bank can buy and sell any quantity of short-term government bonds in the secondary market to set the basic interest rate of the economy, any bonds not purchased by the private sector can be (and usually are) bought by the central bank itself at the set interest rate. For some reason, this simple fact of public finance was ignored by both Brazilian advocates of ever-growing austerity and the analysts of U.S. credit-rating agencies.
To be fair, when taken to court in the U.S. (and Europe) over their role in the financial crisis of 1997, credit rating agencies stated through their lawyers that their ratings are merely “expressions of opinion,” protected as free speech, and should not be construed as anything other than that.[3]
President Rousseff, however, took these mere “opinions” very seriously and the downgrading by S&P was ostensibly used to justify yet another round of spending cuts. The result was that even though exports are not a significant direct source of aggregate demand in Brazil, and in spite of the fact that for years the country has had comfortable levels of foreign-exchange reserves and relatively low levels of foreign debt – in other words, that there was no threat of balance-of-payments problems on the horizon – the international crisis was blamed for the economic downward spiral brought about by the government's increasingly restrictive and orthodox policies.

Justifying Austerity

Until recently, Brazilian authorities made use of orthodox rhetoric to justify the austerity measures that effectively derailed the Brazilian economy. That came either under the guise of the standard ‘the international crisis made me do it’ discourse just described, or by resorting to the notion that fiscal (and, in Brazil's case, also monetary and credit) pains are the only way to ensure growth gains.
As it turns out, the previously unstated purpose of the set of policies currently being implemented in Brazil is to weaken the bargaining power of workers by reducing real wages and by increasing unemployment. The institutional ensemble that protects the interests of labour in Brazil is comparatively weak and lacking both in organic and in party-political clout. Thus, swelling the ranks of unemployed workers has the added benefit of effectively reducing the political resistance to the introduction of the neoliberal measures necessary to reverse the advantages gained by labour over the past decade, perceived as being excessive.
In June 2015, Finance Minister Joaquim Levy told an audience of business executives, in the presence of both local and international press, that it was time to “rethink the country” and that he intended to “abandon rhetoric and face some realities.” His declared aim was clearly spelled out: “We are going to have to reverse this reduction in the supply of labour.” According to Minister Levy, there were people who previously “did not want to join the labour market, who now will have to look for jobs,” thus causing labour supply to be increased.[4]
Mr. Levy's political diagnosis was an accurate, if somewhat blunt, one. The bargaining power of the Brazilian workforce was, perhaps inadvertently, much increased by a tight labour market between 2006 and 2014, as well as by successful social policies introduced by the PT-led government over that period. Unemployment had fallen markedly and average real wages in the formal sector increased continuously, at a steady average of 3% annually, beginning in 2006. Even more relevantly, having reached a deep trough in 2004, the wage share of GDP had been recovering since then.
After continued political pressure from private business (despite record-high profit levels reached in the preceding decade) and, even more vocally, from large media groups and opposition parties, in 2015 the PT-led government decided to act in earnest to reverse this state of things by means of increasingly strong measures.
The fast growth of unemployment by means of radical austerity policies, as well as sharp shifts in income distribution away from wages, have created a political climate in which it is possible substantially to decrease the size and importance of the Brazilian state in the overall economy. This, in turn, has paved the way for a roll-back of distributive gains, labour rights and social benefits put in place since 2003, some of which are even now being either dismantled or significantly reduced.
Many PT militants, as well as social movements and trade unions, were clearly taken aback by this open endorsement of a neoliberal agenda they had together long opposed, and one that hurts their own working-class base the hardest. This reaction, if understandable, is somewhat predicated on wishful thinking. Closer empirical analysis of its 30-year history reveals that, once they are in power (whether at local, state or federal level), the PT has an established tradition of avoiding direct confrontation with the country's conservative property-owning classes. While they sincerely appear to want to promote social change, the Workers’ Party's top people have long been steered by a consensus-seeking credo, according to which there is no situation where a compromise that avoids upsetting Brazil's moneyed elite, while simultaneously improving the lot of the country's huge underclass, cannot be reached.
This unlikely squaring of the political circle had seemed possible prior to 2011, at the federal level, in the wake of a foreign-exchange bonanza, coupled with the extraordinary surge both in domestic consumption and in profit levels that followed the initial opening of the social inclusion floodgates. But as sporadic conflicts in the political arena over income distribution became more widespread, and ideological criticism gave way to undisguised class antagonism, the previous self-congratulatory mood among the then ruling party's top brass changed into one of diffidence and alarm.
Faced with a hostile new Congress after winning the 2014 presidential elections, and weighed down by its heavy dependence on funding from big private firms and banks, the PT leaders' pliable ways and placatory beliefs translated into a seldom seen episode of top-down political capitulation.

Fighting Corruption

Throughout those troubles, public debate in Brazil gave virtually no emphasis to any of the key economic and political factors mentioned so far. Since 2014 the country daily devotes its full attention not to policy, but to police matters.
Since at least the days of the late President Vargas, in the early 1950s, public corruption has been the go-to political tactic of the Brazilian conservative establishment whenever a situation seen as unduly imbalanced in favour of labour needed to be tackled in short order.[5] And that is precisely the perception that took shape over the course of President Rousseff's administration, and was solidified by the defeat of right-wing candidates Aecio Neves and Marina Silva in the 2014 elections.
Even though from her first days in office President Rousseff's policies of reducing the government's role in the economy and promoting unconditional tax cuts to business ostensibly aimed to please both the Brazilian private sector and foreign investors, recurring economic and political mismanagement resulted in that, by the end of her government's first term in 2014, those policies in practice served no one. Business saw growth and profit levels go down and investment fall, while the labour market remained tight. Workers also had little to celebrate as household disposable income stagnated then fell, and jobs became increasingly thinner on the ground.
From the perspective of Brazil's traditional economic and political elite, it had become plain by then that change would have to be much deeper and to come much faster. For those familiar with Brazilian political mores over the last century it should not come as a surprise, then, that long-prevailing but shady contracting practices involving the country's state-controlled oil and gas company, Petrobras, became an overnight ‘outrage’ and began to be treated as nothing short of a national emergency.[6]
What is perhaps less widely known outside Brazil is that, this time around, the anti-corruption discourse was not placed at centre-stage by the conservative opposition alone, but was in fact ushered in and given priority status by President Rousseff herself. Since taking office in 2011 she repeatedly stressed her personal commitment to prosecuting “wrongdoers” and fighting corruption “regardless of whom it might hurt,” quickly dubbed by both domestic and international press as a “clean-up” (faxina) operation.
By the end of 2013, however, the anti-corruption broom, as it were, had changed hands. It was no longer merely a case of producing media sound bites, replacing the odd cabinet minister, or conspicuously introducing new (and increasingly cumbersome) regulatory compliance requirements, as the PT-led government had been doing so far. The probes into Petrobras' dealings that began a few months earlier were being conducted by groups clearly hostile to the ruling party and its leaders, and when the first indications of the involvement of politicians surfaced, President Rousseff's government and former President Lula da Silva became the obvious political targets, despite the fact that both situation and opposition politicians were equally implicated.
The reverberations of the ensuing media campaign were greatly amplified by the eagerness for the limelight of politically ambitious magistrates and prosecutors, whose every action received instant praise from the country's media oligopoly, long openly sympathetic to the opposition camp. This represents a new historical development, signalling a departure from an established tradition of Brazilian judicial officials keeping out of politics that, in its own right, could add a different dimension to future political use of the anti-corruption discourse in the country.
The steep fall in popularity resulting from the Petrobras ‘scandals’, together with poor management of party alliances, both in Congress and within the Cabinet, pushed the Rousseff administration into a singularly fragile political position. This, in turn, has made it easier to shift economic policy toward austerity even further, as it built on an already dominant trend among PT party leaders since the October 2014 elections, to do whatever could be done to meet “market” (i.e., big private business groups, large private banks, and the media oligopoly) demands.
The job losses and business slump brought about by these austerity policies then took their own toll in further eroding the government's popular support, thus closing the cycle.

Poor Political Judgement

Former President Lula and the PT led a partially successful opposition to both macroeconomic austerity and neoliberal reforms during the 1990s, which helped Brazil escape some of the worst impacts of neoliberalism in Latin America. Twenty years later, however, the wheel had come full circle.
The adoption of austerity policies and the ensuing effects of growing unemployment and tumbling real wages were reflected in the reduction of 16.7% in the total wage bill of the Brazilian economy, in real terms, over the last 22 months.[7] These results hit the PT government's natural working-class constituency very hard, effectively estranging it from its political base.
The adoption of an anti-corruption agenda, and the flurry of inaction that followed its appropriation by right-wing judicial officers, gave their opponents added legitimacy to wield the traditional Brazilian tool used for pruning overgrown political forces from outside the traditional establishment.[8]
Thus, through a remarkable display of poor political judgement (and even poorer political principles), President Rousseff and the PT leadership effectively cut the ground from under their own government's feet. After seeing their candidates lose four general elections in a row, from 2002 to 2014, the traditional right-wing political establishment, and their sponsors in finance, industry and agribusiness, finally had the means for ridding themselves of a persistent nuisance.

As a result of being associated with recession, unemployment and corruption by voters, the PT-led government faced the lowest popular approval ratings in Brazilian politics since the early 1990s
As a result of being associated with recession, unemployment and corruption by voters, the PT-led government faced the lowest popular approval ratings in Brazilian politics since the early 1990s, and saw its congressional support melt away very swiftly. The political opportunity was immediately seized upon. Impeachment proceedings were instituted against President Rousseff, and after a few months of hearings the Senate voted on 12 May 2016 to remove her definitively from office. According to many experts, the criminal charges brought against the President failed to meet the minimal legal and evidentiary burden of proof under Brazilian law. Outside observers often consider these to be moot points, however, in view of other conditions laid down by the Brazilian Constitution.
The impeachment process was presided over by the Chief Justice of Brazil's Supreme Court, and, crucially, the President could not have been removed had she secured the support of at least one-third of the members of either of the houses of Congress, which, it is argued, constitutes an absolute minimum requirement for democratic governability. However egregious the legal technicalities may have been, the political verdict of this quintessentially political process, once set in motion, was never in any doubt.

Post Impeachment

Since taking office, the new administration, headed by former Vice-President Michel Temer, quickly proceeded to set up a parliamentary alliance with the main right-wing opposition parties to the outgoing PT-led government. A thorough ministerial cabinet reshuffle was carried out, and not a single name from the previous administration was kept in office, down to the Governor of the Central Bank and the heads of public banks and state enterprises.
By then, in addition to the sharp contraction of 2015, Brazilian GDP had fallen by 5.4% in the first quarter of 2016, compared with Q1 2015, with 400,000 more formal jobs being lost, bringing the grand total to 2 million since January 2015. To make matters worse, prospects for recovery seemed farther than ever as recession reached every economic sector and region in the country.
In spite of the deep recession, the new government fully reaffirmed their commitment to the neoliberal economic agenda set by the outgoing PT administration, to the point of explicitly adopting austerity measures their predecessors left in draft form. The implementation of a long-term “fiscal reform” to replace the continuous sequence of ad-hoc spending cuts was the most notorious case in point. This now includes the imposition of a 20-year public expenditure ceiling that will sharply reduce funds allocated to health, education and social transfers. The proposal for a comprehensive “pensions and benefits reform,” currently being submitted to Congress was another legacy from the previous government. Also in line with the Workers’ Party policy agenda is the current proposal to rewrite Brazil's Labour Code (the CLT), altering the ceiling for weekly working hours, and allowing privately contracted working conditions to supersede requirements established by law.[9]

The Right: Divided and Jockeying for Position

Once the PT-led government was gone, the single thread binding together the wide array of conservative forces that collaborated to oust it was cut. After the initial scramble to fill the most strategic offices, it became apparent that the main parties comprising the new government's parliamentary base have keenly divergent interests on at least two different, if related, fronts.
First, a large and mounting number of influential politicians within those parties have been directly linked to accusations of corruption in one or other of the scores (literally) of investigations instigated to topple Dilma Rousseff's government and to put the main leaders of PT – specially former President Lula da Silva – out of politics, or in jail. Which of the political bosses will face prosecution and which will remain in play is a key element for the second major issue driving apart the conservative forces that back Mr. Temer's administration, namely, the jockeying for position ahead of the 2018 general elections for president, state governors, Congress etc.
Thus, three conclusions can be drawn from the present state of political affairs in Brazil. First, infighting among right-wing forces in the party-political scene reflects ingrained conflicts of interest and is likely to intensify in the run-up to the next elections. Second, left-of-centre forces have been scattered and discredited in the wake of the debacle of President Rousseff's government and should offer very little electoral competition, which tends to make rivalries within the conservative camp even sharper. Third, the final composition and correlation of political forces in Brazil will depend strongly on how the new element in the equation – the judicial officialdom that has been allowed extraordinary powers to interrupt the long cycle of PT election victories ؘ– is to be ultimately co-opted or neutralized.
Ultimately, then, reneging on their political commitments to labour and surrendering on all key public policy issues did not shelter President Rousseff and the PT party leadership from the onslaught of the Brazilian power elite to regain direct control of the state, and to rid themselves of those they always perceived as interlopers standing in the way of the exercise of their traditional authority.
That they neither foresaw this antagonism, nor responded timely and proportionately to it, is evidence that, over their 13-year-long tenure in government, the Workers’ Party leaders failed, to a man (and woman), to understand the class struggle element that defined the very essence of their ascension to power. •
L. E. Melin teaches Political History and Economic Development at the Catholic University of Rio (PUC-Rio). He is a member of the Advisory Board of the Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), London.
Franklin Serrano teaches Political Economy and Macroeconomics at the Federal University of Rio (UFRJ). He is a Senior Research Associate of the Centre for Economic Policy Research (CEPR), Washington, DC.


Original: ACA

Endnotes:
1. See F. Serrano and R. Summa, Aggregate Demand and the Slowdown of Brazilian Economic Growth from 2011-2014, Centre for Economic and Policy Research (CEPR), Washington DC, August 2015.
2. This particular instance of rating-agency theoretical innovation was spotted by M. Vernengo in “From BBB-razil to BB+razil or the meaning of investment grade.”
3. See Jefferson County School Dist. v. Moody's Investor's Servs., 988 F. Supp. 1341, 1348 (D. Colo. 1997), aff’d, 175 F.3d 848 (10th Cir. 1999).
4. See “Crise é momento importante para "repensar o país", afirma Levy.”
5. Besides removing Vargas in 1954, the moral crusade against corruption was a key tool again in toppling President Goulart (who championed a “trade-unionist republic”) in '64, and in preventing the election of Lula da Silva and his left-wing coalition in '89, before reappearing unsuccessfully to try to impeach then-President Lula in 2005, and again, more forcefully, in the last few years.
6. President Cardoso (who championed privatization and the Washington Consensus agenda in Brazil from 1995-2002) admits in his recently published memoirs that he had knowledge of the Petrobras “scandal” since October 1996, thought of intervening in the company, but ultimately chose not to do so.
7. The unemployment rate shot up quickly, reaching 11.8% by official figures in October 2016.
8. Under Dilma Rousseff, Brazil also acquired a new-found zeal for international cooperation on corruption and counterterrorism matters, to the point that a UN Special Report issued a warning that the text of the new Brazilian Terrorism Act is “too broadly drafted and may unduly restrict fundamental freedoms.”
9. The priority assigned to this political agenda was underscored by the fact that the first bill sent to Congress in President Rousseff's second term (on the eve of her inauguration) simultaneously curtailed access to unemployment insurance, pay compensation for laid-off workers, benefits for employees on sick leave and widows' pensions. Yet another item of continuity was the upholding of President Rousseff's veto that prevented Bolsa Familia (Family Stipend) education-linked direct transfers to poorer families from rising in line with inflation, effectively reducing their overall value in real terms.

6 dic 2016

Brasil sólo dará malas noticias



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Entrevista a Fabián Amico, Economista y coeditor de Revista Circus

En diálogo con El Economista, Fabián Amico, uno de los animadores de la heterodoxa Revista Circus, analiza el futuro de la economía vernácula y ofrece una mirada pesimista sobre el principal socio comercial del país.

Los famosos brotes verdes jamás llegaron. La lectura mayoritaria entre sus colegas es que el pronóstico sigue intacto y ya llegarán. ¿Coincide?
No puede crecer la economía cuando hay ajuste fiscal, caen los salarios y el consumo y no crecen las exportaciones. Es imposible. También es ridículo pensar que va a crecer la inversión si no crece ningún componente de la demanda. Los empresarios mismos dicen que están contentos con el Gobierno, pero que no van a invertir porque la actividad está paralizada. Si, además, se plancha la obra pública, como están diciendo algunos medios, la recesión se va a profundizar.

Mencionaba que los drivers de crecimiento están todos apagados. ¿El consumo es el que más afecta a la economía?
Efectivamente. Es el componente más grande del PIB. Adentro del consumo privado hay dos grandes componentes. Por un lado, está el vinculado a los salarios y el empleo, que está cayendo porque se retrajo tanto el empleo como el salario, que recién está recuperando algo ahora. Es decir, la masa salarial real, pese a lo que ocurre con el salario real, puede estar cayendo todavía por la suba interanual del desempleo. El otro componente son las jubilaciones, pensiones y planes sociales que, según cifras oficiales, están cayendo en términos reales. Además, no hay crédito para el consumo porque las tasas son altas. Así, la inversión, el otro gran componente del PIB, no crece y, para peor, las exportaciones están cayendo. La única salida a la recesión es una muy enérgica política fiscal. No hay, técnicamente, otro camino.

¿Y el consumo?
Ahora se vienen los estímulos clásicos de fin de año y en algunos meses más llegarán los nuevos salarios y el salario real volvería a crecer… El salario puede ser expansivo en la medida en que la inflación baje. Pero a insistio en la cuestión de la masa salarial, es decir, salarios por empleo. Si hay una mejora en el salario pero sube el desempleo, la masa salarial puede caer.

El Indec dijo que el desempleo cayó en el 3° trimestre…
Pero interanualmente creció. La tendencia del desempleo es levemente creciente. Los empresarios no van a despedir gente a los seis meses de iniciado el ciclo recesivo porque incorporar gente a una planta implica costos y preparaciones para ese empleado. Se llama “labor hoarding”. Si se consolida el ciclo recesivo, el desempleo aumentará más. La expectativa de la masa salarial es muy incierta.

La inflación bajó notablemente con respecto al primer semestre, pero sigue en 1,5% o 2%, un nivel no muy distinto al promedio del kirchnerismo. La intención del Gobierno es seguir bajándola y llegar a 5% en 2019. ¿Cómo ve esa batalla?
El tema central de la inflación de Argentina en los 2000 fueron los movimientos del tipo de cambio, la puja por la distribución del ingreso y los precios internacionales de la commodities, que hoy están cayendo y están ayudando en el frente inflacionario aunque no en los números comerciales. La inflación acumulada de más de 40% en el último año estuvo provocada por la desvalorización del cambio y las tarifas. Si el tipo de cambio nominal desacelera su crecimiento y las tarifas también, la inflación se va a frenar. No creo que sea menos de 20% en un lapso breve porque estamos arriba de 40%. Hay que ver qué pasa con las Lebac y las tarifas.

¿Ve complicado el 5% en 2019 entonces?
Argentina tiene una característica: que no está relacionada con el kirchnerismo ni con el macrismo, y es un nivel de puja sindical y conflicto distributivo que, a menos que se introduzcan niveles de desempleo muy altos, no van a generar inflación baja. El IPC por abajo del 5% de la convertibilidad tuvo como contracara la flexibilización laboral, impedir el ajuste salarial y desempleo de 20%. Si no se repite ese esquema la inflación nunca será 5%.

¿Está atrasado el tipo de cambio y eso afecta el crecimiento?
Las estimaciones empíricas muestran que el tipo de cambio está correlacionado negativamente con el PIB. Las devaluaciones son contractivas por el efecto en el salario real y, además, el tipo de cambio está poco relacionado con el comercio exterior porque los flujos comerciales están más integrados. No importa tanto como se dice. La clave es el nivel de actividad de nuestros socios comerciales.

¿Cómo complica la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la estrategia financiera del Gobierno?
Puede ser una complicación si se torna cierto algo que todavía no está confirmado. Los bonos de largo plazo de EE.UU. ya subieron y Argentina se va a encarecer. Hay que ver qué ocurre con la tasa de corto plazo, que es determinante en los flujos de capitales. Ese sería el escenario complicado. Igual, y aun con las tasas de antes, la situación de Argentina lucía complicada igual y el problema ya estaba ahí. Estamos mejorando la cuenta capital a través del endeudamiento público en dólares. Financiamos el déficit de cuenta corriente con deuda pública en dólares, que también se usa para financiar gasto corriente fiscal en pesos. No es sostenible.

Usted está en Brasil. ¿Cómo ve la situación allí y veremos las tan ansiadas mejoras en 2017?
Lo que está pasando hoy en Brasil, nunca había pasado. Recordemos que ellos son, en términos económicos, más estables y menos dramáticos que nosotros. Es un elefante que se mueve lentamente. El efecto social de esta oscilación es tremendo. La política económica está consolidando el ajuste y busca congelar el gasto por veinte años, y eso afectará el crecimiento. La situación es mucho peor que en Argentina. Hay que ser realistas: no podemos esperar nada de Brasil para los próximos cinco años. Solo malas noticias.

1 oct 2016

Estimación de un modelo desagregado de inflación de costos para el Brasil




Julia de Medeiros Braga

Professora Associada da Faculdade de
Economia da Universidade Federal
Fluminense
Ricardo Summa

Professor Adjunto do Instituto de
Economia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro

Estimating a disaggregated cost-push inflation model for the Brazilian economy

Abstract
In this paper, we model the Brazilian disaggregated inflation dynamics from the standpoint of cost-push inflation, taking into account the existence of interdependence in the production chains. We estimate this disaggregated inflation model in its reduced form, using ARMAX and GARCH models. We found the following results: (a) it is difficult to associate demand shocks with inflation; (b) the exchange rate and imported inflation in US dollars together affect all items of disaggregated inflation — directly in the case of tradable goods and indirectly, through costs, in the case of non-tradable goods, including services; (c) the financial cost is significant in the explanation of the industrial goods inflation; (d) the exogenous relation between foods inflation and the demand indicator, according to retail sales, is contrary to the expected one, in the sense that higher (lower) inflation in food and beverages explains a fall (an increase) in retail sales; and (e) inflation inertia in services appears to be larger than in the other sectors. This last result can be interpreted by the fact that the service sector is basically non-tradable, showing low productivity growth and wages that are more closely related to the minimum wage, which had a strong institutional-political component and was adjusted above overall inflation in recent years.

Estimación de un modelo desagregado de inflación de costos para el Brasil
Resumen 
En este artículo, se trata de modelar la dinámica de la inflación brasileña desagregada desde la perspectiva de la inflación de costos, teniendo en cuenta la existencia de una interdependencia en las cadenas de suministro. Las formas reducidas de ecuaciones teóricas se calculan a través de los modelos ARMAX y GARCH. Los resultados muestran que: (a) es difícil asociar las presiones de la demanda con la inflación; (B) el tipo de cambio y la inflación importada en dólares, en conjunto, afectan a todos los elementos de la inflación desagregados - directamente, en el caso de productos comercializables, e indirectamente, a través de los costos de los bienes no comerciables, incluidos los servicios; (C) el costo financiero es importante en la explicación de la inflación en los países industrializados; (D) la relación de exogeneidad entre la inflación de alimentos y el indicador de la demanda, de acuerdo con las ventas al por menor, es contraria a la esperada, en el sentido de que un aumento (disminución) de la inflación de alimentos explica una disminución (aumento) de ventas al por menor; y (e) la inercia de la inflación de los servicios parece ser mayor que los otras. Este último resultado es interpretado por el hecho de que el sector de servicios es básicamente no transable, con un crecimiento de la productividad más baja y con los salarios más vinculados al mínimo, que sufrió un ajuste por encima de la inflación, debido a la política económica adoptada en el período reciente.

 

Estimação de um modelo desagregado de inflação de custo para o Brasil

 Resumo

No presente artigo, busca-se modelar a dinâmica da inflação brasileira desagregada sob a ótica da inflação de custos, levando em conta a existência de uma interdependência nas cadeias produtivas. Formas reduzidas das equações teóricas são estimadas através dos modelos ARMAX e GARCH. Os resultados encontrados mostram que: (a) é difícil associar as pressões de demanda com a inflação; (b) a taxa de câmbio e a inflação importada em dólares, em conjunto, afetam todos os itens desagregados da inflação — diretamente, no caso de produtos comercializáveis, e indiretamente, via custos, dos bens não comercializáveis, inclusive serviços; (c) o custo financeiro é significativo na explicação da inflação dos industrializados; (d) a relação de exogeneidade entre a inflação de alimentos e o indicador de demanda, segundo vendas no varejo, é contrária ao esperado, no sentido de que um aumento (queda) na inflação de alimentos é que explica uma queda (aumento) nas vendas do varejo; e (e) a inércia da inflação de serviços parece ser maior que as demais. Este último resultado é interpretado pelo fato de o setor serviços ser basicamente não comercializável, com crescimento da produtividade mais baixo e com os salários mais vinculados ao mínimo, que sofreu reajuste acima da inflação, em razão da política econômica adotada no período recente.

 Texto competo en Ensaios FEE  aca