Santiago Gahn: "Nuestra estructura productiva no genera los bienes de capital necesarios para crecer

Santiago Gahn está viviendo en Italia desde octubre de 2017, cuando viajó para cursar el doctorado en Economía Política en la Università Roma Tre. Previamente había realizado una maestría en Desarrollo Económico en el Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes), de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), y había estudiado Economía en la Universidad de La Plata. 

- ¿Cómo ve la situación mundial con la irrupción del coronavirus?

-Lo veo como una gran caída en la demanda, porque la gente no puede salir y consumir. Esto hace que caigan los niveles de actividad y la inversión. Y hay un montón de empresas que, si el Estado no las mantiene, van a cerrar. Entonces, nos vamos a encontrar con gente que no tendrá más trabajo. La tasa de desocupación y las tasas de pobreza y de indigencia van a aumentar mucho. Acá se suma también el tema de la restricción del sector de la salud: si hay 50 camas para internar a las personas y ya están cubiertas, no se puede seguir abriendo la economía, porque habrá gente que se va a contagiar y se quedará sin cama. Entonces, hay que adecuar la restricción económica a la cantidad de camas disponibles. Creo que el Estado tiene la capacidad de financiar a las empresas y a las personas para que se queden en la casa sin generar ninguna actividad. Dado que el gasto es el que genera la circulación de dinero y el crecimiento económico, no hay que producir primero, sino que primero se necesita el gasto. De hecho, hay personas que se dan cuenta de que pueden vivir sin trabajar, porque pueden llegar a estar seis meses cobrando un sueldo del Estado. Si el Estado tiene la decisión política de hacerlo, lo puede financiar. 

-¿Cuánto tiempo puede el Estado financiar esta situación? ¿Cuál es el límite, por ejemplo, en un país como la Argentina, que tiene menos herramientas fiscales y de endeudamiento?

-En la Argentina la restricción es el sector externo, la falta dólares. La restricción del sistema de salud está, pero la segunda restricción que sigue es la de los dólares. No veo que haya una restricción fiscal. De hecho, el Gobierno puede financiar el déficit todo lo que quiera. Es un decisión política. 

-¿No hay un límite de tiempo para mantener la economía cerrada y que el Estado financie los pagos con emisión? 

No veo que haya límites temporales, más que la decisión política. Doy como ejemplo el caso de Inglaterra, donde hubo un conflicto con el presidente del Banco Central, quien dijo que no quería financiar al Tesoro porque decía que eso era inflacionario, que iba a generar falta de credibilidad de la autoridad monetaria y que no iba a ser más independiente. El discurso que escuchamos siempre. Y el Tesoro le dijo que igual debía financiar todo lo que ellos necesitaban. El Banco Central tuvo que acceder. Para ellos, la decisión de abrir o no la economía es un decisión política, además de que el sistema de salud cuenta con una restricción de oferta. Inglaterra es un país que emite moneda internacional y no tiene ningún tipo de límite. Nosotros tenemos dos restricciones: la del sistema de salud y la externa, que es la falta de dólares. Este año, igual, no veo que haya una escasez de dólares. Hay un problema financiero con la política monetaria, con el tema del tipo de cambio paralelo pero, en principio, la gente no se va a ir de viaje, no habrá turismo y ahí hay miles de millones de dólares que nos vamos a ahorrar. Además, las importaciones se van a destruir, van a caer muchísimo por la caída en la actividad. Los empresarios no van a invertir porque no hay demanda, y esas máquinas que antes se traían de otros países, no se van a traer. 

-Está también el problema de la brecha cambiaria, por la diferencia de precios entre el dólar oficial y los paralelos. ¿Cómo puede afectar eso?

-Una forma de reducir la brecha es aumentando la tasa de interés, para intentar que la gente ahorre en pesos y no compre dólares de manera compulsiva. Creo que fue lo que intentaron hacer en las últimas semanas, con el aumento de la tasa de los plazos fijos. 

-¿Se puede por un lado subir la tasa para que la gente ahorre en pesos y, al mismo tiempo, pedirle a los bancos que bajen las tasas para dar créditos?

-Se puede trabajar con el subsidio al crédito como políticas puntuales. Yo soy más de los que piensan que es mejor tener la tasa de interés alta y que la gente ahorre en pesos. Además, el crédito es endógeno a la actividad. Si la actividad cae, porque están cayendo las exportaciones o el gasto público, el crédito va a caer. No se le puede pedir a los bancos que empujen la cuerda. Habría que subir la tasa de interés para que la gente se quede en pesos, y aumentar el gasto público para que la rueda empiece a girar de nuevo. Los bancos son agentes bastantes pasivos en la parte de créditos productivos. 

-La inflación hoy no es un problema, pero ¿cómo ves la situación cuando lo peor ya haya pasado y volvamos a la normalidad?

-La Argentina tiene una historia inflacionaria histórica, de muy largo plazo. El único momento en el cual no tuvimos fue en los 90, con el sistema del uno a uno. Hubo dos cosas en esa época: la fijación del tipo de cambio y el desarme de los sindicatos. Por lo tanto, las causas principales de la inflación en la Argentina son dos: la fluctuación del tipo de cambio y la puja distributiva. La inflación en los últimos años empezó a estar en el orden de 20% esto a partir de 2007 y 2008, cuando hubo un incremento impresionante de los precios internacionales de la comida. El gobierno de entonces quiso poner retenciones y no pudo, pero era una manera de gestionar ese conflicto. Recuerdo que Hugo Moyano decía: "Voy a pedir de incremento salarial lo que aumente el changuito en el supermercado". Como tenemos una historia de densidad sindical muy fuerte y muy interesante, creo que esto también colabora con el problema inflacionario. Pero no es que hay que ver a los sindicatos como si fueran dañinos, porque es una lectura sesgada. La realidad histórica argentina es que también, gracias a esos sindicatos, los niveles de vida de la gente que trabaja ha sido más alto en comparación con los del resto de América Latina. Con la cuestión del tipo de cambio, es más fácil controlarlo, ya que el Banco Central puede vender futuros e intervenir para estabilizarlo. Pero la puja redistributiva es un tema más político. Nadie quiere resignar sus ingresos. 

-Pero también es difícil tener un Banco Central activo cuando hay cada vez menos dólares y caen las reservas. ¿Cómo ve el tema de deuda en esta situación?

-Las reservas son el arma del Banco Central, son la manera de defenderse frente a los ataques especulativos y de cuidar el tipo de cambio. Hay que tratar de evitar la pérdida de reservas. Con el tema de la deuda, no estoy tan informado en detalle, pero es muy importante que haya un acuerdo, porque la Argentina siempre necesita dólares. Tenemos una estructura productiva que no produce los bienes de capital necesarios para seguir creciendo. Por eso necesitamos los dólares para importar. Desde 1975 fuimos perdiendo nuestra capacidad productiva. Uno entiende la puja distributiva que hay a través de eso: el peso de los rentistas agrarios contra los industrialistas. Es una discusión que la Argentina no saldó nunca, todavía estamos discutiendo las retenciones y si hacer o no política industrial. Es una discusión que el mundo ya la saldó hace rato en favor de la industria. 

-¿Con la aparición de los servicios, no entra un tercer jugador: industria, campo y servicios?

-Los servicios son importantes, pero tienen a las industrias atrás. Por ejemplo, para todo lo que sea internet hay que construir redes de infraestructura para tener servidores. 

-¿Pero eso no se puede tercerizar?

-Sí, pero lo necesitan. Los servidores están en Estados Unidos, no puede haber uno en la Argentina donde se corta la luz cada 10 minutos. 

-Pero las empresas argentinas como Globant y Despegar tienen a la mayoría de sus empleados brindando servicios. Por eso pareciera que ya hay un tercer jugador.

-Sí, hay una tendencia a que los servicios participen más en el producto, pero esos servicios no existirían si no está la industria atrás. Por ejemplo, Despegar, si no está la industria del turismo, que implica tener aviones, no existiría. Los servicios están, pero son un eslabón final de algo que está atrás. 

-Escribió bastante sobre la cuestión del déficit fiscal. ¿Se puede tener siempre más gastos que ingresos?

-Si hay un Banco Central que emite moneda propia, no veo cuál puede ser el límite. Mi tesis es que el ajuste en las cantidades es mucho más potente que el ajuste en precios. Cuando se aumenta la demanda, ya sea por gasto público o porque aumentan las exportaciones, la capacidad productiva se adecua a esa nueva demanda esperada. Es muy flexible. En la teoría tradicional, neoclásica, se espera que si aumenta la demanda con déficit fiscal, debería subir la inflación. En realidad no es así porque las empresas compiten entre ellas, por eso el ajuste de precios es cero, ajustan por cantidades. Por ejemplo, el gobierno quiere comprar ambulancias y la utilización de las plantas automotrices crece ante la mayor demanda. Y si la demanda se sostiene, van a decidir abrir otra planta, porque si no lo hacen ellos, lo hará otra empresa. La manera de defender su negocio es invirtiendo. Ante cada aumento de demanda, o aparecen nuevas firmas o las que están, expande sus plantas. Pero, porque tenemos problemas en nuestra estructura productiva y no producimos los bienes de capital, hay que comprarlos con dólares. Entonces, la empresa automotriz le comprará al Banco Central los dólares para importar maquinaria, porque los otros países no van a aceptar pesos. El límite que hay es de escasez de dólares. ¿Por qué cuando se abre una planta automotriz se necesitan tantos dólares? Esa es la pregunta principal. ¿Por qué las máquinas no se producen en la Argentina? En algún momento se produjeron. Pero desde 1975 para acá, todos los gobiernos fueron integrando la industria de bienes de capital nacional, y nos hicimos más dependientes del resto del mundo, pero no de una forma positiva. En nuestro caso, fue de manera negativa, porque cada vez que crecemos, necesitamos más dólares y eso nos limita porque tenemos escasez. 

Fuente: La Nación

 

Si funciona, sirve

 

                                          por Santiago J. Gahn / UNLP

Otra maldita nota sobre el déficit fiscal… pero no. En plena campaña electoral es muy común escuchar las falencias del oficialismo. Las críticas aparecen, a veces, desde los lugares menos esperados, pero los temas siempre son los mismos. Uno de ellos es un caballito de batalla… sobre todo para los economistas: el déficit fiscal.
Los manuales de finanzas públicas tradicionales, basados en la teoría marginalista, suelen omitir, casi hegemónicamente, la idea de gastar más –emitiendo, o como sea necesario– para crecer más.

La mayor parte de los economistas, por su formación ortodoxa, tienen un instinto revulsivo a la idea de imprimir dinero, y una tendencia a identificarla con inflación. Básicamente, el pensamiento convencional sugiere que emitir dinero para financiar al fisco es inflacionario.

Tanto la idea monetarista –más dinero circulante es igual a más inflación– como los que sostienen que el “exceso de gasto público” es inflacionario coinciden en la misma explicación: la inflación es un fenómeno de exceso de demanda. ¿Qué significa esto? Dicen que la economía está “recalentada”, como si fuera un guiso de hace dos o tres semanas que por la pinta no va a caer muy bien. En definitiva, los salarios argentinos son “demasiado altos”… o insinúan que “hay que bajar los costos salariales”.
Lo más interesante del análisis es que dichas frases son repetidas una y otra vez en toda situación del día a día por trabajadores asalariados. En fin, la sociología tiene un trabajo que hacer allí.

Pero en economía existe un viejo –y no tan viejo– grupo de poskeynesianos en las afueras de la ciudad de Nueva York, en el Levy Institute del Bard College, que en los últimos años vienen diciendo cosas distintas. Hablan de un concepto nuevo, incluso hasta dicen haber construido una nueva teoría monetaria a la que hacen llamar “teoría monetaria moderna”. Esta teoría está basada en el concepto de finanzas funcionales desarrollado por Abba Ptachya Lerner en su artículo “Functional finance and the federal debt”.
Esto de las finanzas funcionales va completamente en contra de la opinión generalizada que se escucha en las calles. El principio principal de este tipo de finanzas es juzgar las medidas por su efectividad.

La idea central es que las políticas de gasto, recaudación y endeudamiento del Gobierno serán todas realizadas con una mirada puesta en los resultados económicos de estas acciones y no en cualquier doctrina tradicional que establece lo que es correcto y lo que es erróneo… En pocas palabras, si funciona sirve, si no no.
No podemos hacer una ley que diga que somos felices, pero sí podemos intentarlo gastando. Si el objetivo es el pleno empleo, bajo esta perspectiva la única solución es gastar más. En palabras de Lerner, si esto significa que hay un déficit, mayor endeudamiento, “impresión de dinero”, etc., entonces estas cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, son simplemente los medios para lograr los fines deseados de pleno empleo y la estabilidad de precios.

La propuesta de Abba, o de otros autores como Georg Friedrich Knapp, contraria al pensamiento convencional, propone la inexistencia de limitaciones intrínsecas al tamaño de deuda por el déficit público (aclaremos, en moneda propia, en Argentina, deuda en pesos). Incluso, el aumento del déficit público no necesariamente hace aumentar la deuda porque se debe tener en cuenta el costo (interés) del endeudamiento.

Encima de esto, se rechaza la tendencia a la utilización plena de la fuerza de trabajo y del capital. Entonces, si el principio de sustitución factorial (supuesto marginalista) no se cumple, desde un punto de vista objetivo y científico las “finanzas sanas” se volverían irracionales. ¿Por qué esperar una vuelta al pleno empleo automática si no hay sustento científico para hacerlo?

Mathew Forstater, director de investigaciones del Binzagr Institute for Sustainable Prosperity, otra usina poskeynesiana norteamericana, sostiene que el pleno empleo es clave para la estabilidad social: sin empleo ni ingresos seguros, los ciudadanos son vulnerables a ideologías peligrosas, chivos expiatorios y a movimientos políticos antidemocráticos. Algunos autores argentinos como Matías Vernengo, entre otros, sostienen el enfoque de las finanzas funcionales como válido.

Para los teóricos económicos, como este grupo de keynesianos que sostienen este enfoque, la idea de “presupuesto equilibrado” debería ser abandonada. Si un economista promueve un “presupuesto equilibrado” como fin en sí mismo –como lo “correcto” a realizar, ya que sería irresponsable hacer otra cosa– sin tener en cuenta los efectos potenciales sobre los objetivos de política macroeconómica, esto no sería consistente con el principio de las finanzas funcionales, sino que se debería llamar finanzas disfuncionales.
Pero, ¿por qué no se aplica esta teoría que sería benéfica para todos? ¿Cuál sería el límite?

En economías que emiten moneda internacional no habría límites económicos a la expansión. Pero aquí en Argentina no todo es tan fácil. El gasto público no puede ser ilimitado, pero no porque pueda inducir inflación por exceso de gasto o por emisión, sino porque crecer más implica importar más y finalmente quedarse sin dólares seguido, generalmente, por una brusca devaluación que dispara los precios internos.

Para no quedarse sin dólares, no importa el déficit sino cómo se gasta. Y la única salida es la política industrial de sustitución de importaciones; esa misma que el “sentido común” dice que se agotó en los 70, la que permitió el salario más alto en la historia argentina en el año 1974, la que llevó el Torino a Nürburgring de la mano de Juan Manuel Fangio y Oreste Berta y la que supuestamente está más viva que nunca en el gobierno de Donald Trump.

Original: ACA

El sexo de los ángeles

Sobre el mito del presupuesto equilibrado

Por Claudio Scaletta

El déficit fiscal primario de 2015 estará por debajo de la media regional y global. Las distintas mediciones, oficiales y paralelas, lo sitúan entre menos de 1 y hasta 3 puntos del PIB. El déficit financiero, es decir; después del pago de deuda, estará entre el 2 y el 4 por ciento del Producto, siempre según quién lo mida. A pesar de estos números, Argentina asiste a una suerte de revival fiscalista, tanto de los conocidos de siempre, como de algunos que rodean al candidato del FpV. En este contexto, la Ley de Presupuesto 2016, apenas un esquema guía para la distribución de los recursos del Estado, y que en el mejor de los casos brinda algún indicio sobre qué pretende priorizar el gobierno, es tratada acríticamente como una presunta ley de leyes, un empeño repetitivo que ignora el rol histórico del instrumento.

Sobre la base de esta exaltación de la función del presupuesto se elaboran todo tipo de razonamientos ad hoc. Se dice, por ejemplo, que el proyecto de 2016 reconoce el problema del déficit y que, por ello, avanzará en un “ajuste”: gastos por debajo de los ingresos. Se habla también, con gran preocupación, del volumen de la asistencia del Banco Central al Tesoro. Sin meterse en cuestiones tan evidentes como que la separación entre ambas cuentas/cajas es una ficción, en tanto las dos pertenecen al mismo dueño, lo que en realidad importa, lo que sí se encuentra en el centro del análisis de la aplicación de los recursos públicos, no es el resultado contable de deudas entre un mismo sujeto (el Estado), sino el funcionamiento de la economía.

Frente a un contexto externo adverso, con desplome de Brasil y baja de los precios internacionales de las principales exportaciones, el Gobierno busca contrarrestar con políticas expansivas. Su objetivo no son los equilibrios de corto plazo, sino el ciclo económico. Supóngase que se necesita que el Estado sostenga el gasto para evitar que caiga el PIB y que en el corto plazo se recauda menos de lo que se necesita; en términos neoclásicos, para evitar sustraer recursos del sector privado. Como respuesta el BCRA asiste al Tesoro. Supongamos que expande la cantidad de dinero, pero al mismo tiempo esteriliza, toma deuda del sector privado, licita bonos. La única diferencia entre los dos papeles del BCRA, los bonos y el dinero, es que unos pagan interés y los otros no; pero ambos son deuda. Gracias a esa asistencia entre cuentas del mismo propietario se consigue que el PIB no caiga e incluso se expanda, lo que conduce a que los ingresos aumenten. Si se siguiese, en cambio, el procedimiento inverso, la contracción económica derivada de la baja del gasto provocaría una caída del Producto y de los ingresos, lo que profundizaría el déficit. Un sufrimiento autoinfligido e innecesario.

En otras palabras, el déficit, o el superávit, de las cuentas públicas, son una consecuencia, no una causa. Los déficit son producto de la contracción y los superávit de la expansión, no son buenos ni malos per se, son el resultado de otra cosa. Esto no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa, que no exista la necesidad de un manejo ordenado de los recursos, quiere decir que en el análisis económico no deben confundirse causas con efectos y que los instrumentos de la política económica no pueden ser objetivos en sí mismos.

Las preguntas clave en materia de déficit son otras: cómo se financia y con qué nivel de deuda pública se relaciona, cuál es su magnitud relativa y qué relación tiene con el crecimiento del Producto. Es evidente que partiendo de un nivel de deuda del 40 por ciento del PIB, una de las más bajas del mundo, no hay mayores problemas para autofinanciar la expansión del gasto con moneda propia para contrarrestar el impacto del viento de frente del resto del mundo, más cuando, en la más desfavorable de las mediciones, los niveles de déficit fiscal son bajos en la comparación internacional. Y lo más importante: si la economía hubiese sido conducida con el objetivo de los equilibrios de las cuentas públicas, el freno habría comenzado en 2008 y la recesión en 2011.

Quizá la relación causa efecto entre déficit/superávit y contracción/expansión suene repetida, pero sucede que el lector medio recibe un bombardeo constante de la doctrina contraria, doctrina cuya hipótesis de “ajuste expansivo” no se verifica en ningún lado. Por ello es necesario recordar Grecia, Brasil, España, Argentina en distintos períodos y siguen las firmas. Los problemas actuales de la economía local no tienen nada que ver con los déficit presupuestarios transitorios en moneda propia y entre cuentas de un mismo dueño. El único problema verdadero es el déficit externo. Si bien no faltan quienes añoran la existencia de mecanismos férreos para controlar el gasto, la única ley de hierro para el crecimiento y la distribución del ingreso es el Balance de Pagos. Discutir sobre el nivel de déficit separado del ciclo económico es tan relevante como hacerlo sobre el sexo de los ángeles.

original: Cash

Ilusión del superávit

Por Eduardo Crespo *

El gasto público y los impuestos son motivos de agrias controversias tanto en el debate público como entre economistas profesionales. El saber convencional indica que el déficit fiscal es indeseable y la deuda pública un problema. Estas nociones parecen tan obvias que aquel que se atreve a ponerlas en discusión parece mentir a sus interlocutores. La mayoría de los analistas describen los déficit fiscales en términos peyorativos sin molestarse en explicar sus motivos. Aquí, a contracorriente, aprovechamos la ocasión para preguntarnos lo impreguntable: ¿por qué debería considerarse el déficit fiscal un problema? Planteado el asunto en estos términos, no es aceptable el argumento que lo considera un problema en sí mismo, como sucede con el desempleo, la desigualdad o la pobreza. Eventualmente podría ser cuestionable por sus consecuencias, es decir, por impedir o dificultar algún objetivo social compartido.

En primer lugar, debe recordarse una identidad contable elemental: descontadas las cuentas con el exterior por motivos expositivos, un superávit del sector público equivale a un déficit del sector privado y viceversa. Así, por ejemplo, quien aboga por el superávit fiscal como norma general, en forma tácita defiende el déficit –y el mayor endeudamiento– del sector privado como principio también universal. ¿Por qué sería deseable ésta última situación? Por otra parte, teniendo en cuenta que sólo el Estado tiene la potestad de emitir moneda, vale interrogarse: si los Estados efectivamente pudieran gastar menos de lo que recaudan en forma sistemática, ¿cómo se las ingeniarían los particulares para pagar impuestos si quien tiene el monopolio de la emisión de moneda demanda más liquidez de la que inyecta al mercado? La respuesta a este interrogante es que exceptuando períodos muy breves, los Estados siempre gastan más de lo que recaudan.

La ilusión del superávit fiscal, o incluso del “equilibrio fiscal”, se sustenta en un artilugio contable por el cual los números del Estado se separan en dos cuentas: las del tesoro y las del Banco Central. Así, si durante cierto tiempo el gobierno puede gastar menos de lo que recauda (como ocurrió en Argentina en la década pasada), normalmente el Banco Central compensa esta laguna monetaria inyectando liquidez mediante algún mecanismo extra presupuestario, por ejemplo, cuando compra dólares que se suman a las reservas. Que como compensación de este gasto se adquieran activos líquidos (dólares) como contraparte, no significa que no se trate de un gasto genuino. Como lo demuestra David Graeber en su monumental Deuda, fueron los Estados quienes engendraron los mercados al imponer impuestos y tributos, obligado así a los particulares a mercantilizar su producción a cambio de las monedas que los Estados emitían y reconocían en el pago de impuestos. En otras palabras, es necesario que los Estados –bancos centrales incluidos en las cuentas del Estado– gasten sistemáticamente más de lo que recaudan para que los particulares puedan pagar impuestos y los mercados se expandan, caso contrario observaríamos una tendencia explosiva al endeudamiento privado.

En países como los nuestros prevalece la genuina preocupación de que los déficit fiscales provoquen huidas hacia el dólar. Sin embargo, estas corridas pueden ocurrir tanto con déficit como con superávit fiscal. No existe la menor asociación entre el nivel del déficit fiscal y la frecuencia o intensidad de las corridas. El motivo es que la opción entre apostar por el dólar o la moneda doméstica no depende del porcentaje de déficit (o superávit) fiscal, sino de la mayor o menor rentabilidad que se espera obtener de cada opción. Otro dato que suele pasar desapercibido por quienes consideran que las ‘finanzas sanas’ deben ser un objetivo de política económica, es que el nivel de déficit (o superávit) depende del desempeño económico agregado. Parafraseando a Michal Kalecki, los Estados pueden establecer cuánto van a gastar, pero no pueden decidir cuánto van a recaudar. En una economía en recesión la recaudación disminuye, y a la inversa, aumenta cuando la economía crece. Casi siempre observamos que los países con problemas económicos registran elevados déficit fiscales y viceversa, lo que suele alimentar la falacia de que el crecimiento del déficit es la causa de los problemas y no su mera consecuencia. Es por este motivo que los ajustes fiscales además de contractivos tienden a generar más déficit del que combaten.

* Profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Original: Pagina 12

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“Populismo energético”

 Por Claudio Scaletta

Los subsidios universales siempre acarrean alguna injusticia. Precisamente por su carácter universal, suelen llegar marginalmente a quienes no deberían recibirlos. Las desviaciones indignan con facilidad y son una excusa para atacar al todo, una treta conocida del neoliberalismo aquí y en el mundo. Ejemplo típico: “Los subsidios permiten que en los countries calefaccionen las piletas”. Sin embargo, los subsidios a la energía, que de ellos se habla, no son una idea siniestra de funcionarios ricos para bajar los costos de los servicios en barrios exclusivos, sino algo muy distinto. Sus efectos económicos son dobles. Para las empresas, la energía barata mejora la ecuación de costos, y por lo tanto la competitividad, y para las familias liberan recursos que, generalmente, retroalimentan el consumo. Los efectos macroeconómicos combinados son evidentes. La contracara es que a partir de determinado nivel, en función del volumen de producción y el nivel de demanda, pueden ser deficitarios para el erario. En tanto el déficit sea en moneda local no es un problema mayor, pues una de las tareas del Estado es inyectar recursos al sistema económico. No cualquier déficit es malo por definición. Las dificultades aparecen cuando, como en el presente, el déficit también se vuelve externo. La decisión política de subsidiar la producción y el consumo de energía apuntaló el crecimiento durante una década, funcionó como mecanismo de redistribución de la renta energética, pero también comenzó a generar “indirectamente” un desbalance en divisas, lo que demandó correcciones; un proceso que ya está en marcha. Vale destacar que este déficit externo no fue una consecuencia directa de la política de subsidios, sino de otras áreas más dudosas de la política energética.

Para el neoliberalismo, en cambio, el problema es siempre contable y pasa en todo contexto por reducir el gasto bajo el objetivo mayor de tener un Estado con menor peso en el PIB y en las decisiones de producción. La demanda perentoria, entonces, es eliminar todos los subsidios, pero la argumentación no es siempre inmediatamente tosca. Si se rompe el corralito y se recorren sus papers, pueden encontrarse algunos razonamientos asombrosos. En su reciente Documento de Trabajo N122: “Subsidios a la energía, devaluación y precios”, la ultraliberal FIEL recopila visiones y realiza algunos cálculos que vale la pena repasar. Allí se lee, por ejemplo, que “en particular en economías en desarrollo” los subsidios a la energía provocan transferencias en favor de “empresas capital intensivas en países desarrollados” a la vez que “afectan negativamente el crecimiento y el empleo, implican transferencias regresivas y retardan el movimiento hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero”. Nótese que la crítica entraña una suerte de neoprogresismo liberal preocupado ahora tanto por las transferencias hacia los países centrales, como por la distribución del ingreso y el daño ambiental.

A la hora de argumentar no parece haber prejuicios. ¿Duran Barba estará asesorando a FIEL? No tanto, los efectos citados serían el resultado de un mal extendido en muchos países latinoamericanos y en Argentina en particular: el “populismo energético”. La idea se basa en una analogía primordial: el consumidor de energía como votante. Las transferencias al consumidor-votante mejoran instantáneamente su bienestar ganando su voluntad, pero son insostenibles en el largo plazo; la raíz misma del populismo. Ello es por una doble razón, porque conducen al déficit presupuestario y porque serían parcialmente pagados por las empresas proveedoras, caso que presupone tarifas por debajo o cercanas a los costos, lo que traslada las inversiones de reposición hacia el futuro y acumula desequilibrios finalmente carísimos. Como en todo proceso de ajuste de mercados particulares, el embate sólo es resistido por las firmas tradicionales y con más espaldas. Las consecuencias macroeconómicas, en tanto, son todas las derivables de los déficit provocados. Se regresa así al mundo conocido y a las bibliotecas separadas.

Superada la argumentación, el trabajo de FIEL avanza con los números, mejor dicho “el número”. En economía hay múltiples situaciones en las que es más fácil entrar que salir. Así como subsidiar bajó costos y aumentó el ingreso disponible, dejar de hacerlo provoca el efecto contrario, tiene costos económicos y sociales en términos de aumentos de precios y caída del consumo energético. Luego de unas 30 páginas de supuestos, parámetros y ecuaciones, el trabajo de FIEL llega finalmente a un número-conclusión, que bien podría ser otro alterando cualquiera de los supuestos empleados, pero un número al fin: ajustar las tarifas para eliminar el déficit generado por los subsidios energéticos en las cuentas públicas provocaría alrededor de 11 puntos de inflación. Aunque esperable, el resultado preocupa al autor: “El argumento de que el efecto de estabilización fiscal de una reducción de subsidios va a dominar en el corto plazo no se verifica”. Pero no es sólo la inflación, sino también la caída del consumo inherente a los mayores precios. En palabras de FIEL: “Este resultado es sensible a algunos efectos, como el tamaño de reducción del consumo luego del aumento de precios”. El escenario podría complicarse todavía más en caso de una (segura) devaluación, caso en que los precios de los servicios deberían subir más que proporcionalmente, y el consecuente ajuste de salarios. La sumatoria podría llevar directamente a “un shock inflacionario” que demandaría “una operación de estabilización fiscal más amplia para controlar la inflación que concentrarse sólo en eliminar los subsidios a la energía”. No se puede negar la honestidad intelectual. Más cuando el autor no es ningún Talibán y sugiere opciones intermedias, como la posibilidad de una reforma gradual que arbitre “mecanismos de ajuste que suavicen los aumentos en el corto plazo hasta tanto se consolide una estabilización más definida”.

La síntesis del trabajo de FIEL oscila así entre la esterilidad epistemológica y el rocanrol de fogón: 30 páginas de ecuaciones para decir cualitativamente lo que cabe en media carilla y cantar una que ya sabían todos.

original: Cash

Finanzas Funcionales vs Finanzas Sanas y Restricción Externa

Abba Lerner

Por Matias Vernengo

Los manuales de economía tienen deficiencias elementales y omisiones importantes. La discusión de la política fiscal en los textos macroeconómicos es típica de los límites de la sabiduría convencional. Más allá de la noción de las finanzas sanas, que sugieren que los déficit fiscales son en general peligrosos, y la acumulación de deuda es negativa para el crecimiento a largo plazo, los manuales convencionales incluyen, a veces, la discusión de los elementos políticos de los ciclos de negocios. La teoría partidista desarrollada sugiere que los partidos políticos de izquierda tendrían una tendencia a expandir los gastos públicos con el objetivo de reducir el desempleo, mientras partidos conservadores buscarían reducir los gastos y equilibrar los balances públicos para mantener la inflación bajo control.

La Teoría de la Elección Pública argumenta de modo más dramático que los políticos son guiados por un deseo egoísta de ser reelegidos, y que los bajos niveles de desempleo, y alto crecimiento, serían la forma de conseguirlo. Por eso el sistema político tendría un sesgo hacia crecientes déficit y un aumento permanente del tamaño del gobierno. Según los autores de la Teoría de la Elección Pública, las ideas keynesianas habrían desatado al monstruo del Leviatán, y medidas drásticas como las reglas de presupuestos equilibrados deberían ser impuestas para evitar el desenfreno populista gastador del sistema político. No muy diferente de lo que tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional en su demanda por superávit primarios permanentes en los países en vías de desarrollo, para evitar los excesos del populismo gastador.

Cuando se analizan los datos para Estados Unidos queda claro que los déficit fiscales se expandieron durante las administraciones republicanas, el partido tenido como conservador. Durante los gobiernos de James Carter (1977-1980), Bill Clinton (1993-2000) y Barack Obama (2009 hasta 2012), los déficit fiscales disminuyeron, mientras que en las gestiones republicanas ocurrió lo opuesto. Con Ronald Reagan (1981-1988) los déficit primero crecieron, como resultado de los recortes de impuestos y mayores gastos, pero se redujeron hacia el final del mandato, después de un aumento de los impuestos, algo que sería anatema para los economistas del lado de la oferta, los abanderados de la Reaganomía.

El mismo patrón se confirma cuando se miran el gasto público en lugar de los déficit. Los gastos caen con los tres gobiernos demócratas y aumentan durante los cuatro republicanos (Ford, Reagan, Bush I y II). El trastrueco entre demócratas y republicanos es sorprendentemente poco conocido. Antes de seguir debe quedar claro que hay diferencias fundamentales entre los viejos demócratas, los del New Deal, hasta el gobierno Kennedy/Johnson, para los cuales el propósito de la expansión de los gastos era la inclusión social, y los nuevos republicanos, de Reagan en adelante básicamente, que buscan aumentar el bienestar corporativo y menores impuestos para los ricos.

Parece claro además que las razones por detrás del cambio entre demócratas y republicanos tienen poco y nada que ver con las teorías discutidas, sino con lo que se ha llamado la estrategia de “matar de hambre a la bestia”, según la cual si se cortaran los fondos, el gobierno eventualmente se vería obligado a cortar los gastos, principalmente los gastos sociales.

Finanzas funcionales

Los autores de las llamadas finanzas funcionales, que son una extensión de las ideas de Keynes hacia la política fiscal, objetan que déficit y gastos sean siempre negativos y políticamente motivados, y sugieren que los déficit fiscales deben ser juzgados por su función en la economía. Gastos y déficit que sirven para aumentar el crecimiento económico en un escenario de tasas de interés bajas no sólo serían sostenibles sino que también serían esenciales para lograr ese objetivo. La relación deuda-producto neta (los pasivos que no están en manos del sector público) en Estados Unidos es de alrededor a 70 por ciento del PIB. Esa cifra no es demasiado elevada, ni comparativamente con otros países ni en términos históricos (el pico se observó a fines de la Segunda Guerra Mundial).

En el caso norteamericano, la deuda como proporción del PIB creció debido a mayores déficit desde los años ’80 (sea por la estrategia de “matar de hambre a la bestia”, sea por las recesiones), con la excepción del gobierno de Clinton. Pero también creció porque hasta antes del colapso de la burbuja de las puntocom, las tasas de interés eran más elevadas que la tasa de crecimiento de la economía. Hay que notar que el período histórico en que las tasas de interés fueron más bajas que las tasas de crecimiento, la llamada Era Dorada del Capitalismo, más o menos de finales de los años ’40 a principios de los ’70, fue una anormalidad. Sin embargo, los gobiernos todavía tienen una gran ventaja sobre los agentes privados en relación con gastar y endeudarse; los gastos del gobierno son suficientemente grandes para aumentar el nivel de ingresos generales, elevar la carga tributaria y así afectar positivamente sus propios ingresos.

Además, es importante notar que, para los que tienen miedo sobre el tamaño de la deuda pública en el crecimiento (como el ahora desacreditado trabajo de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, de Harvard, que decía que una deuda-producto de más de 90 por ciento tendría un efecto negativo sobre el crecimiento), que el colapso de la burbuja inmobiliaria y la recuperación lenta han creado una situación donde las tasas de interés de la Fed van a permanecer en niveles bajos por un buen tiempo. Eso abre espacio para los gastos fiscales, no sólo en el centro, sino en la periferia, donde tasas de interés bajas en el centro crean condiciones financieras favorables.

Gasto público

Para los países latinoamericanos, la lección no es solamente que más que el tamaño del gasto o de los déficit lo que importa es cómo se gasta y para qué se acumula deuda (y no su tamaño), sino también, una vez que nuestros problemas están siempre relacionados con las cuentas externas, qué gastos que permiten crecer sin afectar demasiado, o incluso reduciendo las necesidades de importaciones, son sostenibles y esenciales para construir sociedades más justas y civilizadas.

En ese sentido, el “problema fiscal” que tanto preocupa a los economistas conservadores es menos una cuestión estrictamente fiscal, de la sostenibilidad de deuda, particularmente porque deuda denominada en moneda nacional no es particularmente riesgosa, sino los efectos externos de los gastos del gobierno.

Transferencias fiscales para los grupos más necesitados, y gastos en infraestructura, Investigación y Desarrollo (I+D), sabidamente promueven el crecimiento. El peligro no está en la acumulación de deuda, una vez que el crecimiento genera un aumento de los ingresos tributarios, sino en el posible cambio del patrón de consumo de las clases con menores ingresos y el aumento de las importaciones. Aquí esta el viejo dilema de los países latinoamericanos, cómo crecer incluyendo a las clases trabajadoras sin rebasar la restricción externa. La suerte es que las condiciones externas, en términos de liquidez internacional, por la recesión en el centro, y de espacio para políticas industriales, por cuestiones geopolíticas, son favorables.

 Si América latina las aprovechará, por cierto, es otra historia. Ojalá, como dice Lula, que la esperanza venza al miedo

* Profesor de Bucknell University y de la maestría en Desarrollo Económico de la Unsam.

Original: Cash