La economía brasileña parece haber caído en un pozo del que no podrá
salir. De 2011 a 2014 sufrió el impacto simultáneo de tres shocks
económicos: 1) las exportaciones se paralizaron en paralelo al
estancamiento del comercio internacional; 2) el consumo tendió a
paralizarse debido a la menguante creación de empleos y al elevado
endeudamiento de las familias a tasas de interés altas; 3) el gobierno
del PT decidió aplicar una estrategia de desaceleración del gasto
estatal -principalmente de la inversión pública- unida a reducciones
impositivas a favor de las empresas. A este cuadro se le sumaron, a
partir de 2013, dos shocks de naturaleza política aún más relevantes y
de consecuencias devastadoras: 4) a partir de algunos reclamos
sectoriales y coincidiendo con la organización de la Copa de las
Confederaciones, de modo súbito comenzaron a aflorar manifestaciones
masivas en todo el país orientadas por reclamos confusos y
contradictorios, proceso que polarizó a la tradicionalmente
despolitizada sociedad brasileña; 5) meses después comenzó a desplegarse
la publicitada ‘Operación Lava Jato’ que investiga esquemas de
corrupción, lavado de dinero y propinas. Una bomba que terminó por
fracturar a la coalición gobernante y paralizó a la principal empresa
del país, Petrobras, arrastrando consigo a casi todas las constructoras,
como Odebretch. Ambos embates tuvieron todos los rasgos distintivos de
la denominada guerra ‘hibrida’ o ‘cibernética’, ya observados en las
‘revoluciones de colores’ de la periferia rusa y en la ‘primavera
árabe’, con activa participación de redes sociales, medios de
comunicación, ONGs y trolls, probablemente apoyados desde el exterior.
La gota que colmó el vaso la lanzó el flamante gobierno reelecto de
Dilma Rousseff. En 2014 la economía brasileña se estancó, circunstancia
que se sumó a la voluntaria renuncia de impuestos para provocar por
primera vez, desde que gobernaba el PT, déficit fiscal primario. Como
respuesta la presidenta optó por el programa que defendían los
derrotados en las elecciones, el poder financiero y la Federación de
Industrias del Estado de San Pablo (FIESP): nombro un gabinete ultra
conservador y aplicó un severo ajuste fiscal. Las consecuencias fueron
las previsibles: la economía se derrumbó, el desempleo se disparó y la
popularidad de la presidenta cayó a niveles mínimos.
Esas condiciones sentaron las bases para el golpe parlamentario que
se venía tramando desde las elecciones. La coalición que se apoderó de
la presidencia, liderada por Michel Temer, busca escapar a las
detenciones ordenadas por el Lava Jato. Como moneda de cambio ofrece a
bancos internacionales, empresas y medios de comunicación, una amplia y
generosa revancha de clases. A esto responde la enmienda constitucional
que congela el gasto público por 20 años (a excepción de los pagos de
intereses de la deuda), la reforma laboral, la promesa de
privatizaciones y la propuesta para cambiar el sistema jubilatorio. Como
es costumbre, estas medidas se imponen con el argumento de que detrás
vienen la confianza y la lluvia de inversiones. Pero como los actuales
niveles de producción son 9 por ciento inferiores a los de 2014, la
capacidad ociosa sigue siendo muy elevada. Si a esto se agrega que la
economía entró en deflación abierta (-0,23 por ciento), es de prever que
las inversiones tendrán que esperar por mucho tiempo. En el ínterin el
desempleo pasó de 4,8 por ciento en 2014 a un alarmante 13,3 por ciento,
circunstancia que impide se recupere el consumo y que está provocando
una emergencia social de consecuencias imprevisibles en materia de
violencia y crimen organizado. La exportación es el único componente de
la demanda agregada que muestra algún dinamismo, aunque es improbable
que por esta vía aparezca la recuperación, teniendo en cuenta que el
valor agregado exportado es reducido y que el comercio internacional no
está creciendo a tasas elevadas.
Debe notarse que este escenario se montó sin crisis en la balanza de
pagos ni riesgos de devaluación. Brasil acumula 378 mil millones de
reservas y el déficit de cuenta corriente se redujo a niveles
irrisorios. El futuro de Brasil y la integración sudamericana dependen
de factores políticos difíciles de prever. De confirmarse la
judicialización de la política que le impide a Luiz Inácio Lula da Silva
–primerísimo en toda encuesta de opinión– competir por la presidencia,
Brasil se convertirá en una democracia donde los ‘ciudadanos’ sólo
podrán votar por los candidatos elegidos por el poder económico.
* UFRJ (Universidad Federal do Río de Janeiro) y UNM (Universidad Nacional de Moreno).
Original: Pagina 12
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