Por Fabián Amico y Alejandro Robba
Algunas razones del fracaso deberían ser evidentes. La inversión privada no puede aumentar sino crece el tamaño del mercado, ya que la ampliación del stock de capital de las empresas no puede hacerse inútilmente: nadie acrecienta una capacidad productiva que no va a utilizar. Ergo, para aumentar la inversión, debe previamente aumentar el nivel de utilización de esa capacidad y por ende debe aumentar la demanda de bienes finales.
La expansión del consumo depende básicamente de dos variables. Por un lado, los salarios reales del sector privado, cuya condición para aumentar es una cierta estabilidad cambiaria (y tarifaria). Por otro, las transferencias sociales del gobierno (jubilaciones y planes sociales) son factores importantes de empuje del consumo privado.
Estos movimientos tienen importantes efectos distributivos y ayudan a promover una sociedad más igualitaria e inclusiva. La recuperación de la capacidad de compra de los sectores populares (salarios y jubilaciones) aumenta las ventas y estimula la producción y la inversión, encendiendo la rueda virtuosa de distribución y producción.
En este contexto, las transferencias públicas sociales (jubilaciones y planes sociales) deben considerarse como un componente del gasto autónomo, y por ende como uno de los elementos que co-determinan la tasa de crecimiento de largo plazo. Son, en verdad, un determinante del producto más que una mera transferencia de ingresos desde un nivel dado de producto. Por ende, representan un motor de crecimiento (más que una detracción) y no existe necesariamente una contradicción entre mayor equidad social y crecimiento. En tal contexto, la justicia social no sólo es una bandera política, sino que también es una fuente de crecimiento mientras, al mismo tiempo, abre paso a una sociedad más inclusiva.
El aumento de los salarios privados, además de ser una fuente de demanda, son determinantes del efecto multiplicador del conjunto del sistema. Cualquier impulso autónomo de gasto (sea gasto público, exportaciones, u otros) tendrá un impacto multiplicador mayor cuando mayores sean los salarios. La razón es simple: para atender el mayor consumo privado (por ejemplo, proveniente del aumento de las jubilaciones) el sector privado deberá aumentar el empleo, y ahora cada trabajador recibirá un salario mayor que, a su vez, gastará en bienes y servicios. En suma, la masa salarial aumentará tanto por aumento del empleo como por la suba del salario. En síntesis, una sociedad más igualitaria tiene una mayor propensión a consumir y esto supone un mercado doméstico más grande, más producción y más inversión.
Justamente, el colapso de la inversión privada fue el principal fracaso intelectual de la era Macri. El punto es que la inversión privada en capacidad productiva, si bien tiene como condición necesaria una rentabilidad positiva, no depende (ni es función) del nivel de rentabilidad, sino que es determinada por la dinámica del mercado y la demanda efectiva (es decir, sigue el viejo principio del acelerador). De hecho, la etapa 2003-2011 marca uno de los hitos históricos en términos de inversión privada en equipo de capital.
Entonces, resulta claro que "poner plata en el bolsillo de la gente" significa tanto aumentar el efecto multiplicador (consumo asalariado) como los impulsos autónomos de gasto (transferencias sociales) y llevan ineludiblemente a "encender" la economía ahogada por la contracción del gasto público y la caída de los salarios reales. A su vez, la expansión resultante del mercado aumentará el nivel de utilización de la capacidad estimulando la inversión privada en búsqueda de oportunidades rentables.
Cabe destacar que, en paralelo, y como condición necesaria para volver a crecer, se debe descomprimir la carga de la deuda externa con una renegociación que implique –por lo menos- ganar tiempo para el pago de intereses y capital. Pese a la mejora del saldo de la cuenta corriente (debido al colapso de las importaciones por la recesión), la deuda será el principal determinante de la restricción externa tanto en el corto plazo como en el largo plazo.
Hoy nuestro país presenta una economía paralizada, una crisis alimentaria aguda, un desempleo superior al 10% como piso, y además la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que tiene trabajo, no sólo no ahorran, sino que no llegan a fin de mes y se encuentran crecientemente endeudados. Según cálculos del BCRA, actualizados a marzo, desde fines de 2018 las familias del país pasaron a arrastrar una deuda equivalente a 3,2 meses de sus salarios netos (en su mayor parte, originado en el "tarjeteo" a tasas altas).
Con información del INDEC, tanto la Universidad Nacional de Avellaneda como la Fundación Mediterránea, publicaron recientemente que una familia necesitaría casi $12.000 para salir de la pobreza. La brecha de pobreza mide la distancia entre el ingreso promedio de los pobres y la línea de gastos de referencia.
Por lo tanto, la pregunta es cómo se financia esa brecha de ingresos. En la situación en que se encuentra el sector privado –en particular el sector pyme- respecto a caída de ventas, de producción y de rentabilidad, difícilmente se puedan imponer aumentos de salarios nominales por decreto. Por tal razón, además de motorizar el gasto y la inversión pública, estabilizar el tipo de cambio y las tarifas a partir del acuerdo social, se debe diseñar un listado de programas que mejoren los ingresos nominales o bajen los gastos familiares, para poder destinar más fondos a consumos esenciales. Entre ellos se pueden destacar el aumento de jubilaciones/AUH/salarios públicos, la desdolarización de tarifas públicas, los préstamos a tasa baja y plazos más largos con posibilidades de quitas, para saldar el alto endeudamiento que hoy padecen las familias argentinas, los programas de cobertura completa de medicamentos para jubilados, una nueva ley de alquileres que tenga en cuenta la crítica situación de los inquilinos y los descuentos en compra de alimentos a través de tarjetas para el pago de jubilaciones y programas social, entre otros.
Durante el primer debate presidencial, Mauricio Macri dijo que “aunque no lo sientas en el bolsillo, estamos mejor”. La crisis económica seguramente tuvo (y tendrá) un gran impacto electoral. Pero además la experiencia de estos cuatro años confirma no solo que el bolsillo es importante para asegurar el consenso político, sino que también es vital para "encender" la economía.
Fabián Amico. Economista. Docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
Alejandro Robba. Economista. Docente y Coordinador de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno.
original: Ambito
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