Por Fabián Amico y Alejandro Fiorito
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA de 1992 le puso un corsé a la política monetaria y fiscal, limitando sus objetivos a la defensa excluyente de la estabilidad de precios. La cantidad de moneda quedó estrictamente atada al nivel de las reservas, como en el patrón oro. Esa reforma fue el núcleo del régimen de convertibilidad y, hoy lo sabemos, condenó a la economía argentina a la peor crisis de su historia. La extrema rigidez del modelo forzó incluso la transgresión de sus propias normas mediante los artilugios de la “contabilidad creativa”. En 1995 fue necesario modificar nuevamente el reglamento de la entidad para posibilitar la ampliación de redescuentos a los bancos, aunque con limitaciones. También se debió flexibilizar la prohibición de otorgar préstamos y adelantos al gobierno nacional, también con límites. La idea básica de la convertibilidad (que llevó la noción de “independencia” del BCRA al extremo), fue introducir “disciplina” sobre el manejo “discrecional” del gobierno, en particular, para evitar la “monetización” del déficit fiscal, algo que supuestamente habría conducido a la inflación crónica y en el límite a la hiperinflación. Con la crisis del 2001 la cosa se flexibilizó, pero el espíritu de la reforma de 1992 persistió en las ataduras institucionales y en la cabeza de muchos economistas.
Detrás de la “autonomía” del BCRA hay una concepción tan ortodoxa como absurda que, contra toda evidencia, atribuye la inflación a la emisión monetaria. El diagnóstico abrió paso a los sistemas de inflation targeting, y a sus penosos resultados en materia de crecimiento y empleo. Obviamente, incluso los padres del sistema aconsejaron que la regla de estabilidad de precios sean convenientemente sujeta a alguna excepción de tanto en tanto (de allí las contabilidades “creativas”). Como explicó el ultraortodoxo Kenneth Rogoff, aunque los presidentes de los bancos centrales debían ser escogidos “entre los elementos conservadores de la comunidad financiera, no deberían ellos mismos ser tan conservadores”. Argentina se bandeó más de una vez, siempre para el mismo lado. Para prueba basta con hacer una lista rápida de los presidentes del BCRA: Enrique Folcini, Javier González Fraga, Rodolfo Rossi, Pedro Pou, Roque Maccarone, Mario Blejer, Alfonso Prat Gay y Martín Redrado. ¿Son en verdad “independientes” estos señores?
Una dimensión del problema es la supuesta autonomía del BCRA de la “manipulación política”. Aquí entra en juego la pintoresca y extraña noción según la cual el BCRA estaría por encima de toda disputa y de todo interés, y formularía sus políticas de una manera “objetiva”, libre de consideraciones ideológicas, algo que resulta tan patentemente ridículo que cualquier estudiante universitario de años iniciales no se atrevería a afirmarlo sin ruborizarse. Estos hombres (Folcini, Pou, Maccarone y demás) han sido seleccionados precisamente por sus ideologías: todos tienen una claro sesgo de tenaz “seriedad” antikeynesiana y antipopular, todos pertenecen al mainstream de la economía y todos regresarían gustosos al FMI y sus recetas. La independencia en términos económicos es aún más ilusoria: incluso la política más ferozmente ortodoxa requiere un importante grado de coordinación macroeconómica, fiscal y monetaria.
Obviamente, esa concepción de “autonomía” y “credibilidad” se cimentó con la crisis de los Estados de bienestar del centro y de la industrialización “estatizante” de la periferia, experiencias que estuvieron acompañadas de altas tasas de inflación. Sin embargo, las razones del fenómeno inflacionario fueron otras (como el choque de costos y las pujas distributivas) y la emisión solo “acompañó” el proceso sin provocarlo. Por supuesto, se podían usar (y se usaron) políticas monetarias contractivas como antídoto, con resultado previsible. En fin, los cadáveres siempre están fríos; lo interesante sería bajar la fiebre (la inflación) sin matar a la gente.
En Argentina, los economistas ortodoxos harían bien en ver las razones reales de la inflación que operan vía el mercado internacional al subir las cotizaciones de materias primas claves en el consumo popular (carne, maíz, lácteos, etc.) y exacerba las pujas por el ingreso. ¿Cómo hace un ortodoxo para explicar este misterio de tasas de inflación crecientes con superávits gemelos, desempleo y capacidad ociosa? Solo con la tenacidad que da la ignorancia y que lleva a persistir en soluciones monetarias o fiscales contractivas como antídotos de problemas que claramente tienen otro origen.
Los intentos de relajar las ataduras legadas por la convertibilidad, como el de Mercedes Marcó del Pont en 2007, fueron tímidos y no pudieron vencer los prejuicios respecto de la “independencia” y la “monetización” de los déficits, y la cosa no prosperó. Coherentemente, Redrado estuvo en contra de la modificación. El intento encontró también una ortodoxa oposición en un congreso con mayoría oficialista. Un resorte de desarrollo y un canal principal de expansión del empleo quedó cercenado. Como en los tiempos de la convertibilidad, estábamos peleando con Tyson y nos atamos una mano… No es raro, ya que en los últimos años hubo un consenso casi absoluto que exaltó los valores de las “finanzas sanas”, favoreciendo no ya el convencional “equilibrio” fiscal sino incluso la generación de superávits persistentes como índices de robustez política y económica. Incluso se lo igualó con otro tipo de superávit, como el de divisas, que es el único y verdadero límite de la expansión económica.
Lo paradójico es que un gobierno con pretensiones de expandir la actividad y el empleo tiene a su disposición otro punto de vista, más afín a esa orientación: las “finanzas funcionales” que legitiman el uso de recursos del Estado para elevar la actividad doméstica mediante inyecciones de gasto e inversión pública a través del presupuesto, como locomotoras de la plena actividad y el crecimiento. Los gobiernos deberían fijarse en los efectos del gasto estatal en la economía a fines de acercarse al pleno empleo sin considerar si el presupuesto está equilibrado o no. En última instancia, la recaudación es un modo de recuperar parte del dinero que el propio gobierno inyecta previamente en la economía con su gasto. Por eso, si el gobierno gasta menos, recaudará menos y deberá enfrentar un déficit fiscal generando una tendencia recesiva en la economía.
Para hacer efectiva esta concepción el Estado debería desprenderse de las ataduras institucionales legadas por la convertibilidad, que inhiben al BCRA de ejercer esta función. En este marco, no solo el BCRA no podría ser “independiente”, sino que su coordinación con el Tesoro trasciende por lejos el monotemático y excluyente discurso del tipo de cambio “alto” (tema que, dicho sea de paso, nunca fue siquiera definido explícitamente por Redrado). El objetivo del BCRA no sería principalmente la estabilidad de precios, sino la reducción del desempleo y el impulso al desarrollo “empujando” la economía por un sendero de crecimiento sostenido.
Estas ataduras hicieron que en toda esta etapa de desendeudamiento el Tesoro juntara pesos con la recaudación y actuara como un particular comprándole los dólares al BCRA para cancelar vencimientos. El resultado doméstico fue una filtración de liquidez que redujo el poder de compra interno y el nivel de actividad, en momentos en que seguía existiendo desempleo y capacidad excedente (y reservas en niveles record). Con la crisis internacional, la economía se derrumbó y la recaudación cayó. Afortunadamente el gobierno hizo oídos sordos a los economistas ortodoxos y no contuvo el gasto. En medio de esta trampa institucional, cuando el camino se estrechó, el gobierno encontró un atajo: la formación del “Fondo del Bicentenario”, como única vía de ahorrar pesos para impulsar el gasto interno.
Aquí entra en escena el último acto de Redrado destinado a limitar la expansión del gasto público para el 2010 (porque de eso se trata todo), y pone de relieve los aspectos centrales que el gobierno no supo o no pudo resolver en estos años, como la “independencia” del BCRA y la falta de redefinición clara de sus objetivos y funciones. Sin escrúpulos ni ideas, la oposición utiliza ahora el cepo institucional de la convertibilidad a los fines de empujar al gobierno al precipicio del ajuste fiscal, lo que consolidaría altos niveles de desempleo y pobreza, y presumiblemente reduciría las chances electorales del kirchnerismo. Este “gesto” de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, tiene como único efecto real la limitación de las posibilidades de expansión fiscal, y es una muestra pavorosa de lo que podrían hacer si fueran gobierno.
Original: Pagina 12
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