Viejos errores con ropaje moderno

Por Fabián Amico y Alejandro Fiorito *


Ciertas lecturas llevan a evocar irremediablemente las posiciones de Juan B. Justo, referente emblemático del socialismo, que en su tiempo hizo del librecambio y la defensa de la moneda sana dos de sus banderas fundamentales. Para aquellos socialistas, el proteccionismo perjudicaba a los trabajadores por los altos impuestos que tenían los bienes de consumo. Algo del eco de Juan B. Justo resuena en el artículo de Juan Graña (“Ortodoxias nuevas y viejas ”, Cash, 9 de agosto de 2009). Embanderado en una posición progresista, el enfoque de Graña se basa, sin embargo, en causalidades y directrices puramente ortodoxas, que se reiteran históricamente al ritmo de lo que Diamand caracterizó como la dinámica pendular argentina.

Graña despotrica contra la política de tipo de cambio alto porque tiene por contraparte salarios reales bajos, y alude al fracaso de tal estrategia en los años recientes. Asimismo, cuestiona certeramente algunos núcleos del planteo devaluacionista. Frente al argumento de que la devaluación permitiría “ganar tiempo” para en el “entre tanto” aumentar la productividad, dice que “ese “tiempo” no provoca nada por sí mismo, y es sólo mediante políticas industriales que se logran objetivos”, y observa que en los años recientes no hubo ningún tipo de cambio estructural, al tiempo que reclama discutir tales políticas en lugar de debatir una nueva devaluación. Señala, a su vez, que pocos “incentivos” a la inversión se generan si cada vez que se reducen las altas ganancias empresarias producto de la recuperación del salario real, hay compensaciones vía devaluación. “¿Qué necesidad hay de reinvertir ganancias –dice curiosamente- si la riqueza y supervivencia en la competencia no depende de que se haga?”.

Propone, por ende, líneas alternativas, “políticas que premien los incrementos genuinos de productividad logrados a través de la innovación y ampliación de la escala productiva, al tiempo que se impulsa a las empresas a seguir ese camino por medio de la competencia”. Y agrega hacerlo “ya sea mediante los necesarios incrementos salariales rezagados desde hace años, o la reducción de los márgenes de protección efectiva ya ocasionados por el proceso inflacionario…”. Concluye que “se trata lisa y llanamente de no repetir la historia”.

Uno no puede sino coincidir en varios aspectos a excepción de algunos puntos esenciales. Graña supone que una caída de los niveles de protección provocará un aumento de la competitividad de la industria y estimulará la inversión. A riesgo de repetir la historia, olvida que ese experimento ya se realizó en Argentina en 1976, mediante la baja de aranceles, la liberalización del comercio y el persistente retraso cambiario. Dicha política apuntó en verdad al “disciplinamiento” de los trabajadores, previa “puesta en caja” de los sectores industriales juzgados “ineficientes” (básicamente, toda la industria aparecida después de 1930), Vía sobrevaluación cambiaria, se generó una inédita suba de importaciones, sustituyendo trabajo doméstico por extranjero, se revirtió el balance comercial y se propició un auge del turismo de las clases medias… al extranjero. Lejos de implicar un incremento de la inversión industrial y una suba de la productividad, con tal política se destruyó gran parte de la industria surgida desde los años 30, se redujo sustancialmente la productividad y se cortó el proceso incipiente de creciente peso de las exportaciones industriales, que en 1974 habían llegado a igualar las exportaciones tradicionales agrarias.

Un segundo experimento, similar al que reclama Graña en punto a reducción de la protección, se dió en los años 90. Entonces se eliminaron las retenciones, se bajaron los aranceles y el tipo de cambio de ancló en un nivel muy bajo. Los salarios de los que lograron conservar el empleo eran más altos que los actuales. Pero la base de esa suba era un modelo de crecimiento liderado por la deuda, y colapsó cuando se acabaron los préstamos. Gracias a esas políticas, la economía se primarizó bajo la impronta del retraso cambiario, dejando fuera de combate a vastos sectores industriales y llevando la tasa de desocupación por encima del 20%, algo insólito en el país.

Subyace en Graña una idea (muy poco radical o socialista), según la cual el mercado, funcionando sin interferencias, parecería ser el más eficiente “asignador” de los recursos, generando per sé competitividad y productividad. Como el liberalismo ortodoxo, piensa que la introducción de aranceles a las importaciones creó un muro protector de la competencia externa que alentó la instalación y supervivencia de una industria “ineficiente”. Y quizá que las empresas usan ese margen de protección para subir sus márgenes de ganancia vía precios.

Pero no fue eso lo que ocurrió en la historia argentina. La imposición de aranceles protectores a la industria permitió a las empresas absorber, con rentabilidad, costos laborales mayores. Precios y salarios industriales subieron con respecto a los precios agropecuarios. A su vez, el incremento de los salarios en relación a los precios agropecuarios dio a los asalariados una capacidad adicional de compra en el mercado de bienes industriales. El hecho que desde 2002 los salarios hayan permanecido en un nivel históricamente deprimido, no implica que la reducción de los márgenes de protección hará que suban, sino al contrario. El nivel del salario depende de las fuerzas relativas de los grupos sociales que disputan el excedente; un mayor margen de protección puede muy bien traducirse en un salario real bajo (como hoy) o en salarios altos (a costa de la renta agropecuaria) como sucedía antes. Pero la reducción de los márgenes de protección y la apreciación cambiaria son, sin dudas, una lápida para el salario, el empleo y el crecimiento.
Como decía Adolfo Canitrot hace más de 25 años, el supuesto de una relación inversa entre grado de protección y eficiencia -o productividad- es una extensión arbitraria de ciertos supuestos y conclusiones de análisis parcial microeconómico al campo de la macroeconomía. Graña parece ignorar que las inversiones son aceleradas por la demanda, y no por la “competencia”: ningún empresario invierte cuando la competencia (externa) lo desaloja del mercado.

En verdad, son estos experimentos de reducción de los márgenes de protección los que llevaron a una reducción sistemática del salario real de largo plazo, concomitante al debilitamiento de la capacidad de negociación de los asalariados. En una estructura productiva desequilibrada, como la nuestra, dejar librada la economía al mercado genera ciclos volátiles alternados con ajustes recesivos y endeudamiento acumulativo. Y peor aún: desentenderse de la política cambiaria, como hace Graña, conduce involuntariamente a las mismas posiciones del liberalismo ortodoxo.

Por supuesto, un tipo de cambio alto supone un salario real bajo. De allí la importancia de las devaluaciones compensadas, como proponía Marcelo Diamand. No sólo mediante las retenciones, sino también mediante otros mecanismos (subsidios, desgravaciones impositivas, etc.). En todo caso, parte del remedio es el que propone el mismo Graña, la aplicación de políticas industriales y de desarrollo, en lugar de jugar a la ruleta rusa con la reducción de la protección, bajo el riesgo de desmontar la industria (buena o mala) que hoy tenemos.

En verdad, más que un tipo de cambio alto, lo que es imprescindible es un sistema de tipos de cambios múltiples, distintos (más altos) para la industria que para el agro. Dado un cierto nivel arancelario, el tipo de cambio, a precios internacionales constantes, define el extremo superior del margen de protección, esto es, el precio por arriba del cual ingresa al país la competencia importada. Por otro lado, el nivel del salario determina, vía costos, el extremo inferior. Luego, el margen de protección varía positivamente con la relación entre tipo de cambio y salario nominal.

El margen cumple para las empresas dos funciones básicas: 1) las resguarda de las fluctuaciones de precios; 2) les otorga flexibilidad para fijar su política de precios y salarios. A mayor margen, menor es la capacidad del Estado para regular precios y salarios industriales mediante el comercio exterior, salvo que se apliquen políticas extremas que lleven a las empresas al borde del abismo, como en 1976 y en los años 90. La existencia de un cierto margen de protección efectiva hace posible fijar precios y salarios por acuerdo entre empresarios y asalariados, con el arbitraje del Estado.

A Graña esto se le ha perdido irremediablemente de vista. Da la sensación que quisiera “castigar” a las empresas por la inflación y los bajos salarios, pero sin reparar que el supuesto castigo se irradia hacia otros sectores menos beneficiados. Esto es debido a que la reducción del margen de protección devuelve al Estado su capacidad regulatoria vía importaciones, pero también los salarios pueden ser controlados indirectamente a través de la competencia externa y el manejo del tipo de cambio.

En suma, el margen de protección es la base objetiva para que se puedan negociar salarios hacia arriba. Que eso se consiga o no, depende esencialmente de una política de Estado. La alternativa al método brutal y contractivo empleado en 1976 y en los noventa es una fuerte política de ingresos (de precios y salarios), donde los empresarios sean encauzados por el Estado para moderar la inflación y permitir una suba gradual de los salarios reales. El éxito de estas políticas requiere un fuerte liderazgo del Estado que las garantice, introduciendo un variado menú de elementos (económicos como compulsivos), desde estímulos y premios económicos, hasta controles y acuerdos de precios, un sistema que por lejos rendiría más frutos a los asalariados actuales que las propuestas que evocan las viejas consignas de Juan B. Justo.

* Economistas del Grupo Luján e investigadores de la Universidad Nacional de Luján

Original: pagina 12